TEGUCIGALPA, HONDURAS-. En el corazón de la sociedad hondureña, la desinformación se ha vuelto una sombra amenazante, acechando en los rincones digitales y los pasillos de la comunicación. Pero, a diferencia de otros países, en Honduras la desinformación no está regulada ni penalizada, lo que la hace legal.

La desinformación, que es la difusión deliberada de noticias falsas o engañosas con la intención de manipular la opinión pública, puede tener consecuencias profundas en la sociedad hondureña, desde socavar la confianza en las instituciones hasta polarizar a la población y afectar la toma de decisiones.

La falta de una legislación clara que establezca responsabilidades y sanciones para aquellos que generan o difunden desinformación puede generar un ambiente propicio para su propagación desenfrenada.

Sin mecanismos eficaces para combatir la desinformación, las falsedades, malicias y engaños sin fundamento se difunden ampliamente, causando daños irreparables en la credibilidad de la información y en la cohesión social.

Además, la desinformación en plataformas digitales plantea desafíos adicionales debido a la velocidad y alcance con los que puede propagarse en línea.

La viralización de falsas afirmaciones, bulos y teorías de la conspiración puede tener consecuencias inmediatas y, a largo plazo, alimentar la desconfianza, fomentando la polarización política y social, e incluso, incitando a la violencia en algunos casos, como en el ámbito político.

El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ilustra esta oscuridad legal al señalar que “la desinformación debería ser penalizada porque en la mayoría de los casos constituye delitos en contra del honor y además causan también mucho pánico dentro de la población cuando se viralizan videos y otras cosas”.

Lo vivimos durante la pandemia del coronavirus entre 2020 y 2021, por ejemplo, cuando la histeria por una enfermedad que se extendió por toda la Tierra derivó en escenas caóticas, como multitudes comprando papel higiénico o consumiendo erróneamente cloro para combatir el virus.

Este vacío legal se ha convertido en un terreno fértil en Honduras por la proliferación de mentiras y engaños, sin un sistema efectivo que actúe como defensor de la verdad y el bienestar público.

Ante esta realidad cruda, los hondureños se encuentran ante el desafío de esperar y que otros sectores, como el gobierno y los medios de comunicación, pidan para implementar iniciativas de ley que contrarresten la marea de desinformación que amenaza con ahogar la verdad, la democracia y la integridad.

Para Umaña, congresista opositor, el problema de presentar propuestas de ley para regular y penalizar la desinformación en Honduras es que el gobierno ni el oficialismo legislativo apoya las mociones de quienes no son afines.

“Este gobierno está muy dado a bloquear la iniciativa y lo que uno hace lo engavetan, simple y sencillamente”, cuestionó.

Pero, esta resistencia gubernamental no es sorprendente, especialmente cuando el último informe del Programa Internacional de Capacitación de Medios en Sociedades Democráticas (ITP), que trata la Percepción de los Medios de Comunicación y Periodistas sobre la Desinformación en Honduras, indica que el gobierno, los partidos políticos y las redes sociales son los principales generadores de desinformación en el país.

Umaña, ante eso, dice, por ejemplo, que aún espera la aprobación de una ley en ciberseguridad dirigida desde el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

Este letargo obstaculiza los esfuerzos de los congresistas para presentar proyectos de ley, ya que, como Umaña subraya, “sabemos que simplemente los van a engavetar, no los van a tratar”.

En Honduras, la calumnia, la injuria y la difamación están tipificados como delitos y los penaliza el Código Penal en el artículo 166. Por ese motivo, coinciden expertos, el gobierno no es el garante para combatir la desinformación.

“Los delitos de calumnia, injuria o difamación solo pueden ser perseguidos en virtud de querella de la parte agraviada, salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad pública o instituciones del Estado, y, en general, si constituyen otro delito especialmente penado en este Código”, indica el precepto.

“No es que la desinformación no se penalice, sí se penaliza, pero bajo otra figura, que son las querellas por difamación y calumnia”, consideró el abogado Fernando Gonzáles.

La cuestión es que la censura por la calumnia, la injuria y la difamación no está ligada a la penalización de la desinformación ni puede servir como instrumento, indicaron fuentes del equipo de verificación de EL HERALDO.

Y está claro en el Código Penal: se castigan las injurias y calumnias mediante querellas, pero no se aborda de manera efectiva la desinformación, dado que esta regulación se limita a preservar la reputación de individuos.

Y el propósito de la desinformación es la influencia a través de posturas, ideologías y manipulaciones, aspectos externos a los delitos contra el honor.

La ausencia de una legislación específica que aborde la desinformación como un delito refleja una falta de adaptación a los desafíos de la era digital.

Ante esto, fuentes del equipo de verificación de EL HERALDO dicen que es prioridad regular y penalizar la desinformación en Honduras, como ocurre con el delito del homicidio, el lavado de activos y la corrupción.

Aunque combatir la desinformación no debe ser una obligación estrictamente del gobierno, sí debe crear un ambiente para hacerlo, como ocurre en otras partes del mundo.

De hecho, la Unión Europea (UE) está aplicando medidas que van desde las cuantiosas multas contra las grandes plataformas que no actúen contra la desinformación y regulan el uso de la inteligencia artificial (IA), así como inclusión de comisiones especiales de la Eurocámara y el análisis de las técnicas y tácticas de los manipuladores.

Más allá de eso, los medios de comunicación y la sociedad en sí deben integrarse al combate contra la desinformación que, en el peor de los casos, causa muertes, como pasó en 2020 con el coronavirus.

Para varios analistas, el gobierno, pese a que es el llamado a crear una ambiente libre de desinformación, no puede ser el regulador porque la tendencia sería la censura a la prensa.

En el 2022, el exsecretario de Prensa, Carlos Estrada, presentó una iniciativa que despertó preocupación por la creación de una plataforma destinada a supervisar y combatir la “distorsión” informativa en los medios de comunicación.

Sin embargo, esta propuesta no se traducía en la instauración de una ley, sino en la necesidad de abrir un diálogo en torno a una plataforma encaminada a regular los contenidos de los medios de comunicación.

Pero la censura ha ocasionado que incluso el gremio periodístico tenga temor a las represalias que una nueva normativa podría ocasionar, dado que “no se puede castigar a una persona, a un medio de comunicación, a un periodista con una multa exorbitante que no pueda pagar”, opinó el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Osman Reyes.

“Lo que tiene que venir son procesos de autorregulación que permitan o hagan que los periodistas, los medios de comunicación, volvamos a la génesis del periodismo, que es la veracidad”, planteó.

Honduras es de los pocos países en el mundo que penaliza con cárcel los delitos contra el honor.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) es uno de los organismos de la sociedad civil hondureña que ha criticado efusivamente el hecho de que los delitos contra el honor fueron ratificados en el Código Penal, en las últimas reformas realizadas a esta normativa jurídica en 2020.

“Este tipo de delitos es el más usado para criminalizar a los periodistas y comunicadores sociales y es utilizado especialmente con periodistas críticos de cualquier medio de comunicación”, explica Amada Ponce, directora ejecutiva de C-Libre.

Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), sobre la importancia de despenalizar estos delitos, expresó que “hemos estado reunidos con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional y les hemos planteado que necesitamos urgentemente que se despenalicen estos delitos del Código Penal”.

Pese a las iniciativas, todo sigue igual.

A criterio del abogado Julían Martínez, que en Honduras no se regule o penalice la desinformación puede derivar en el debilitamiento de los cimientos de la sociedad.

“Urge una ley que modere la desinformación y que su penalización sea fuerte y estricta, debido a que la desinformación no solo es un arma de desprestigio, sino también un arma letal que puede incluso representar atentados contra la integridad humana”, advirtió.

Para el congresista Umaña, la única manera de prevenir las consecuencias de la desinformación en Honduras es castigando a los desinformadores.

Un informe del Programa Internacional de Capacitación de Medios en Sociedades Democráticas reveló que el 82.6% de los consultados admitió haber sido víctima de esta práctica de desinformación, una situación preocupante, dicen expertos.

“Se está utilizando la desinformación para afectar a la sociedad”, agregó Umaña.

En un mundo donde la desinformación puede propagarse rápidamente y tener consecuencias devastadoras, la alfabetización mediática se convierte en un recurso indispensable para fortalecer la resiliencia de la sociedad frente a este fenómeno.

La alfabetización mediática, en el contexto hondureño actual marcado por la explosión de información en línea y la difusión masiva de noticias a través de diversas plataformas digitales, es más relevante que nunca en la lucha contra la desinformación.

Abordar este tema crucial no solo implica la capacidad de leer y escribir, sino también la competencia para comprender, interpretar y analizar críticamente los mensajes mediáticos que están constantemente presentes en nuestra vida cotidiana.

Es por eso que, pese a los esfuerzos, como lo hace EL HERALDO a través de su equipo de fact-checking, debe abarcar a otras partes de la sociedad, como el gobierno, los partidos políticos, la academia y los empresarios.

“Creo que el Estado como tal debería generar también una campaña de educación, que puede ser a través de la educación formal o a través de campañas y medios de comunicación y coordinación, para que la gente se forme en torno a este tema y no siga siendo presa de la desinformación”, sugirió Osman Reyes.

Carlos Umaña, en su llamado a la acción, insta a la ciudadanía a exigir una mayor protección frente a la avalancha de mentiras y engaños.

“Deberíamos aprovechar a EL HERALDO, a través de este reportaje, para exigirle al gobierno que mande esta ley de ciberseguridad” y “contra la desinformación”, planteó.

Además los juristas recuerdan que la batalla contra la desinformación no es solo responsabilidad de los legisladores, sino de cada ciudadano comprometido con la verdad y la justicia.

Para abordar este problema de manera efectiva, es fundamental que se promueva la sensibilización pública sobre la importancia de verificar la información, desarrollar el pensamiento crítico y discernir entre fuentes fiables y fraudulentas.

La educación en alfabetización mediática, el fomento de la ética periodística y la colaboración entre los sectores público, privado y la sociedad civil son ingredientes clave para contrarrestar la desinformación.

En resumen, si bien la ausencia de una normativa específica puede plantear desafíos en la lucha contra la desinformación en Honduras, es crucial implementar estrategias integrales que fortalezcan la resiliencia de la sociedad ante esta amenaza, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y la integridad en la información que se difunde en línea.