TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el último año de gobierno de la administración anterior se ejecutaron más de 13,455 millones de lempiras en 16 fideicomisos que abarcaron desde la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud hasta la dotación de implementos como parte de la Tasa de Seguridad.
La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus obtuvo a través de la solicitud de información SOL-SEFIN-1832-2022 el nombre, la institución bancaria (incluye pública y privada), el presupuesto aprobado y las transferencias de los fondos de los fideicomisos liquidados en 2021.
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De acuerdo con la normativa, un fideicomiso es un negocio jurídico en el cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario la titularidad sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen.
En palabras simples, el gobierno deposita en un banco una determinada cantidad de su presupuesto con el objetivo que este lo administre mejor para un programa específico y no enfrentar problemas de liquidez.
Los expertos estiman que el uso de los fideicomisos por parte del Estado no es malo, lo incorrecto es la falta de una ley que regule los procesos para evitar opacidad.
¿CUÁLES SON?
En Honduras, la figura del fideicomiso se utilizó por primera vez a través de los artículos 1033 al 1062 del Código de Comercio en 1950.Desde entonces, los gobiernos han utilizado los fideicomisos con mayor frecuencia, según la opinión de analistas.
La información de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en poder de este equipo indica que el fideicomiso más cuantioso de 2021 fue el del programa Vida Mejor, con una transferencia de más de 5,260 millones de lempiras, 700 millones más de lo que estaba aprobado (4,500 millones) para esa obra social. Ese fideicomiso, que consistía en la reactivación agrícola, generación de empleos y subsidios para viviendas, entre otros, está bajo el código 605, y tuvo como fiduciario al Banco Central de Honduras (BCH).
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El segundo fideicomiso con más fondos por concepto de transferencia fue el de “Seguridad poblacional” o la famosa Tasa de Seguridad, con 3,203 millones de lempiras, la misma cantidad de la que fue aprobada inicialmente para ese apartado.
El BCH también se encargó del crédito de ese sistema de protección, que corresponde al código 600. El tercer fideicomiso es el de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), con 2,450 millones de lempiras en transferencia, lo que supuso que se ejecutó menos de los que se había destinado (2,500 millones), es decir, 50 millones menos.
Ese fideicomiso tuvo como fiduciario a una institución de la banca privada para consumar el proyecto “Infraestructura vial”, bajo el código 612. Sin embargo, de este fideicomiso salieron en 2020 alrededor de 1,200 millones para la compra de los hospitales móviles para pacientes covid-19, que -además de defectuosos- no son usados para ese fin.
El cuarto fideicomiso más grande de 2021 fue el de la “Adquisición de medicamentos e insumos quirúrgicos” que lideró la Secretaría de Salud de la exministra Alba Consuelo Flores, que ascendió a una transferencia de más de 1,015 millones de lempiras.
El actual titular de Salud, Manuel Matheu, dijo en una entrevista a EL HERALDO Plus que en su gestión los fideicomisos se mantendrán “porque han sido efectivos para la compra de los medicamentos y los insumos que se usan”.
Matheu comentó también que el fideicomiso con la banca privada ha sido transparente, así como riguroso debido a que le han puesto sanciones a los proveedores cuando han incumplido.
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La cantidad de fideicomisos es todavía mayor en función de la denuncia de Rixi Moncada, actual secretaria de Finanzas, quien precisó la existencia de unos 70, pero apenas 13 realizan sus transacciones por la Oficina Nacional de Compras y Adquisiones del Estado (ONCAE).En la respuesta de la solicitud de información de Sefin se detallaron 16 fideicomisos y este equipo añadió dos (Sistema Tecnológico y Logístico, con un presupuesto de 3,000 millones de lempiras, y otro para los damnificados de Eta y Iota), pero no se incluyó en la sumatoria de los recursos transferidos por la falta de información.
Moncada denunció en su informe presentado a finales de febrero que el fideicomiso del Sistema Tecnológico y Logístico del Instituto de la Propiedad (IP) es el “más letal, anticonstitucional e ilegal” porque no registra ninguna transacción vía la Secretaría de Finanzas y no entra en la caja única de la Tesorería.
NO SON GARANTÍAS
Que los gobiernos recurran al uso de los fideicomisos para ejecutar acciones de bien común no es una garantía de transparencia en el manejo de los fondos.
“No garantizan el uso correcto de los bienes o recursos financieros. La corrupción se puede dar”, consideró el economista Andrés Hernández. Para el analista, la corrupción no puede darse en la entidad bancaria, sino desde los elementos técnicos debido a que son ellos los que toman las decisiones.
“El banco o el fiduciario solo es un custodio de los bienes y recursos y un ejecutor de las decisiones que sean tomadas por el comité técnico”, puntualizó.
“Para que exista transparencia en los fideicomisos públicos debe ocurrir que los integrantes del comité técnico sean elegidos por ternas profesionales que se fijen en las capacidades, experiencia y estén sujetos a la rendición de cuentas”, añadió.
Los expertos concluyen que la regulación y los procesos de los fideicomisos deben de ser fiscalizados para evitar la corrupción de los recursos públicos.
Pero la propuesta ideal de los expertos es que la misma gestión gubernamental es la que debe de encargarse de la administración pública.
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