Más de 193 millones de lempiras están botados en una gigantesca obra que se inició en un terreno de unas 200 hectáreas ubicado en La Acequia, una comunidad que colinda con Naco, Cortés, por lo que muchas personas la identifican como la cárcel de Naco.
Después de cinco años de abandono, una diversidad de plantas espinosas, arbustos y enredaderas se apoderaron de los recintos, paredes, ventanales, así como de las bartolinas, unas terminadas y otras inconclusas.
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Por falta de mantenimiento el óxido también hace su trabajo, corroe lentamente la lata de los contenedores acondicionados como celdas y el hierro de sus puertas.
Aquí los únicos presos que existen son los fantasmas de la corrupción y la indiferencia estatal que deambulan entre las sombras y el silencio.
Glenda Ayala, titular del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes ( Conaprev), mostró su preocupación por el abandono.
“Es lamentable porque esos son recursos del Estado botados. Lo hemos señalado y lo hemos mencionado no solo a la comunidad nacional e internacional. Como mecanismo solicitamos, recomendamos a las autoridades de la Comisión Interventora (de Centros Penales) que se asignen los recursos que se establecieron en el PCM de este año”, exigió.
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La construcción de esta prisión surgió luego que el 17 de mayo de 2004 un total de 107 privados de libertad del centro penal de San Pedro Sula perecieran como consecuencia de un pavoroso incendio.
Ante tal situación el entonces presidente Ricardo Maduro juramentó a Monseñor Rómulo Emiliani como coordinador del Comité para la construcción de un nuevo penal. Dos años después, el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto ejecutivo número PCM 15-2007 publicado en La Gaceta el 12 de noviembre de 2007, creó la Comisión Pro-Desarrollo de San Pedro Sula que en su artículo 6 establece: “la Comisión será la responsable por la construcción hasta su conclusión del nuevo centro penitenciario”.
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Esta comisión fue presidida por la Iglesia Católica, en este caso por la Diócesis de San Pedro Sula liderada por Emiliani. El costo de la cárcel en el 2013 era de 399,730,000 lempiras. A pesar de que el gobierno desembolsaba el dinero a cuentagotas, el proyecto avanzó y se construyeron dos módulos con seis pabellones cada uno.
Todo marchaba de forma transparente hasta 2016, cuando un alto funcionario del gobierno citó a Monseñor al predio donde se levantaba la cárcel para comunicarle que una empresa privada se haría cargo de continuar la construcción.
Luego de la visita del emisario, la Comisión Pro-desarrollo se enteró de que el gobierno, haciendo a un lado la sentencia de la Corte Interamericana de fecha 27 de abril de 2012, había comenzado la construcción de una nueva prisión en Ilama, Santa Bárbara. Desde ese entonces la cárcel de La Acequia quedó abandonada y hoy continúa en deterioro, pese que en el PCM 102-2020, en un apartado, se designaron 160 millones para la habilitación y puesta en operación de al menos dos módulos.
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