Este es un esquema de colaboración o esfuerzo común entre los sectores público y privado, es decir, que se crean proyectos con una inversión compartida con el fin de generar empleos y mejorar la infraestructura.
Este modelo cobró vida mediante la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, creada a través del decreto legislativo No. 143-2010, en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
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El ente encargado de gestionar y promover los proyectos y procesos de las APP era la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) junto a una Unidad de Contingencias Fiscales de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Sin embargo, Coalianza desapareció en el 2019, después de varias denuncias por una serie de irregularidades al otorgar varios proyectos que fracasaron.
Para regular, controlar y darle seguimiento al cumplimiento de las obras y prestación de servicios de las APP se creó la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP).
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Un informe de la Sefin indica que al cierre del 2019 se habían adjudicado 11 proyectos de APP en diferentes sectores económicos del país.
Mientras que en información proporcionada por la SAPP a EL HERALDO Plus, mediante la solicitud de información SOL-SAPP-75-2021, se detalló que a ocho proyectos de los adjudicados se les ha dado continuidad.
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Carreteras
En infraestructura vial, uno de los principales y cuestionados proyectos es el Corredor Logístico, que consiste en la construcción, ampliación y mantenimiento de 391.8 kilómetros de una carretera que atraviesa el país de manera estratégica, conectando las regiones sur, central y norte de Honduras.La vía rápida complementa los servicios portuarios con el traslado de mercancías del océano Atlántico al Pacífico, al conectar de forma directa los puertos El Henecán en San Lorenzo, Valle, con Puerto Cortés, en Cortés.
En esta carretera, antes de entregarla, se invirtieron fondos de la Cuenta del Milenio y luego se cedió a la empresa Concesionaria Vial Honduras ( Covi-H), quienes se comprometieron a hacer una inversión de 121,024,109.99 dólares.
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El proyecto se aprobó en el 2012 y fue hasta el 12 de octubre de 2015 que se ordenó el inicio de la explotación. El plazo de la concesión es de 22 años, es decir, está amarrado hasta el 2037.
La forma de repago es el cobro de peaje en tres estaciones habilitadas hasta el momento; se tiene programado instalar otra en el Canal Seco.
Otra concesión es el Corredor Lenca, que consiste en la construcción, pavimentación y rehabilitación de las carreteras que cubren los departamentos de Intibucá, Lempira y Copán, en el occidente del país.
Los contratos de la etapa I y II finalizaron en el 2019, pero queda pendiente la etapa III por 968 millones de lempiras hasta el año 2026.
También se otorgó el Corredor Turístico que unía el Corredor Logístico con el sector atlántico, dado a la empresa Autopistas del Atlántico (Adasa) a un plazo de 30 años, pero debido a un mal proceso de adjudicación se declaró la terminación anticipada en el 2018.
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Urbano
En infraestructura urbana destaca el Centro Cívico Gubernamental ( CCG), que se construyó con el fin de concentrar a la mayoría de instituciones públicas en un solo lugar.El inversionista operador privado es la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras S.A. de C.V. ( DOIH) con un plazo de concesión de 27 años y se paga por medio del fideicomiso que se montó para recolectar los fondos que desembolsaban estas instituciones por alquiler.
La fecha de inicio de operaciones fue el 15 de agosto de 2016 y finaliza en el 2043, con una inversión de DOIH de 176,100,000 dólares.
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También está el Aeropuerto Internacional de Palmerola, de Comayagua, que llegó a sustituir las operaciones internacionales del Aeropuerto Toncontín de la capital.
Este contrato sufrió una serie de modificaciones a favor del concesionario, lo que ha motivado al gobierno entrante a anunciar una revisión al contrato, ya que también les cedieron Toncontín sin licitación.
De acuerdo con la ficha técnica de la SAPP, al concesionario Palmerola International Airport S.A. ( PIA) se le dio la orden de inicio desde el año 2016.
El proyecto no cumplió con los plazos, iniciando con la explotación en diciembre del año anterior, sin que el proyecto haya sido terminado al cien por ciento.
La concesión al inicio fue por 30 años, pero luego incrementó a 34 años y seis meses, por lo que estará vigente hasta el 2051, informó la SAPP.
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El informe de la Superintendencia detalla que la inversión de PIA es de 87,148,399.41 dólares, pero el concesionario informó a EL HERALDO que ya han invertido unos 124 millones de dólares y el Estado otros 122 millones de dólares.
Por otro lado, en San Pedro Sula se desarrolla el proyecto Siglo XXI, que contempla la ejecución de veinticuatro obras de infraestructura vial y urbana en la considerada segunda ciudad más importante de Honduras.
El plazo de concesión es por 15 años, con un monto de inversión referencial de 1,845,637,424.82 lempiras.
A nivel de energía se hizo el contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH) mediante el cual se buscaba la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de un 17% y la disminución de la mora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
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El plazo de la concesión era de siete años y seis meses, comenzando en el 2016, es decir, que este vencía hasta el 2023, con un monto de inversión referencial de 358,197,682.23 dólares y la fuente de repago era una cuota fija anual, pero finalmente se anunció una interventora el año pasado al no cumplir la EEH con las metas.
El funcionamiento de Puerto Cortés también está concesionado; para el caso, la terminal de contenedores y carga general fue cedida a la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC). El plazo de la concesión es de 30 años, comenzando desde el 2013, es decir, que la APP finaliza en el 2043, con una inversión referencial de 624,371,610.00 dólares.
También está el proyecto de la terminal de graneles sólidos de Puerto Cortés, cuyo operador privado es Terminales Especializadas de Honduras (TEH) por un plazo de 20 años. El proyecto fue otorgado en el 2013 y la concesión será hasta el 2033, con un monto de inversión de 21,098,544.00 dólares.
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