Fiscalía tiene en su mira a tres exdiputados y un exfuncionario
Los cuatro personajes fueron salpicados en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York
Los fiscales del MP trabajan en las investigaciones con la finalidad de judicializar los casos cuanto antes.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las declaraciones de los testigos de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que salpicaron a un grupo de exfuncionarios y exdiputados, dieron pie para que el Ministerio Público (MP) abriera una serie de líneas de investigación.
Un equipo conformado por cuatro fiscales de carrera, que viajaron a Nueva York a presenciar el juicio de Hernández, entregó en los últimos días a las autoridades del órgano contralor del Estado un informe detallado de los personajes mencionados en el juicio y sus implicaciones en presuntas actividades ilícitas.
EL HERALDO conoció que los fiscales ya comenzaron a realizar las primeras diligencias investigativas en relación a los hechos y que pocos detalles faltan para iniciar una persecución penal contra los salpicados a lo largo del juicio que se extendió por tres semanas en Nueva York.
La Fiscalía tiene en su mira a los exdiputados nacionalistas Reynaldo Ekónomo, Óscar Nájera y Óscar Álvarez, y el exsubdirector de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Mario Francisco Coto Arce.
“Todos ellos y otros forman parte de las líneas de investigación que se desprendieron del juicio”, declaró a EL HERALDO una fuente cercana a las investigaciones que están en curso.
Los fiscales comenzaron a identificar sus bienes y propiedades, cuentas bancarias, para detectar si existe un incremento patrimonial de los investigados y si es congruente con lo devengando tanto en su carrera pública como privada a lo largo de los años de la conspiración, que culminó con el fallo de culpabilidad del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado el pasado 8 de marzo.
La finalidad es amarrar bien el proceso de investigación al momento de presentar una inminente acusación ante los juzgado competentes.
Los delitos investigados son tráfico de drogas, lavado de activos, violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y hasta asesinatos.
Para estos días, la Fiscalía tiene previsto ejecutar una serie de aseguramientos contra algunos de los mencionados por los testigos de la Fiscalía de EUA.
De los otros mencionados en el juicio todavía no se vislumbran acciones legales ni investigaciones.
Los señalamientos
Pero, ¿qué papel jugaron los tres exdiputados y el exfuncionario de la ENP en la conspiración por tráfico de drogas?
Mientras Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los principales cabecillas del cartel de Los Cachiros, revelaba cómo pagaba millonarios sobornos a exdiputados nacionalistas y abogados, durante el juicio de Hernández, mencionó que Reynaldo Ekónomo fue uno de sus principales aliados, que evitó que terminara tras las rejas por su implicación en unos crímenes a inicios de la década del 2000.
“Contraté los servicios de Ekónomo para que no fuera arrestado en un intento de homicidio que acababa de pasar. En 2004”, dijo durante el juicio “El Cachiro”.
Reveló que por esa gestión le pagó a Ekónomo alrededor de 40 mil y 50 mil dólares.
A medida pasaron los años, la relación entre Rivera Maradiaga y Ekónomo fue más estrecha al grado que el exdiputado se convirtió en un mensajero entre ese cartel y el propio expresidente Hernández, según quedó evidenciado en el juicio.
Fue Ekónomo, de acuerdo con Devis Rivera, quien le dijo al exmandatario que el cartel de Los Cachiros no estaba involucrado en la planificación de un magnicidio en su contra.
Ekónomo ha descartado en varias ocasiones que no ha tenido ningún tipo de vinculación con el sanguinario cartel de Los Cachiros.
“Nunca he tenido una reunión de ningún tipo”, aseveró Ekónomo.
De su lado, Óscar Nájera fue clave en las actividades de narcotráfico de Los Cachiros.
Devis Rivera afirmó que mientras Nájera era diputado del Congreso Nacional (CN), se encargó de controlar los operativos policiales y militares a lo largo del departamento de Colón para que los cargamentos de cocaína y dólares pasaran sin ningún problema. A cambio recibió grandes sumas de dinero de sobornos para financiar sus campañas proselitistas en su zona.
Nájera al igual que Ekónomo negaron sus vínculos con los Rivera Maradiaga.
A lo largo de su interrogatorio, “El Cachiro” también develó que fue el exministro de Seguridad, Óscar Álvarez, quien giró la orden para asesinar al capo de la droga Héctor Portillo, alias “Gato Negro”.
Devis Leonel afirmó que él consiguió las armas para asesinar a Portillo y que un grupo de sicarios materializaron el brutal crimen.
El 20 de abril de 2010 se ejecutó la masacre en la que fueron ejecutados Portillo y seis de sus guardaespaldas. El crimen está en la impunidad.
EL HERALDO intentó comunicarse con el exministro Álvarez, sin embargo, su número telefónico aparece apagado. En el Partido Nacional confirmaron que él está fuera del país atendiendo sus negocios personales.
Aunque el nombre del exsubdirector de la ENP, Mario Francisco Coto, no fue mencionado textualmente en el juicio, los fiscales hondureños lo investigan porque su gestión en la portuaria coincide con los señalamientos hechos durante el juicio por el narco colombiano Alexander Monroy Murillo, un lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en San Pedro Sula.
El confeso narcotraficante, quien se encuentra bajo libertad definitiva en Estados Unidos, aseveró que usaron a Puerto Cortés como un puente para las drogas. Allí se recibían los cargamentos de cocaína provenientes de Colombia y Venezuela a bordo de barcos para posteriormente enviarlas a Estados Unidos.
Monroy dio detalles de cómo entregó más de 2.4 millones de dólares a Coto para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013.
Fueron el exdiputado Fredy Nájera y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, quienes fraguaron la relación entre Monroy y Coto para facilitar el trasiego de cocaína en el puerto.
Para esa misma época, Coto fue suspendido de su cargo por una orden judicial por no acatar un fallo que le ordenaba reintegrar a sus funciones a un empleado de la ENP.