¿Por qué Fuerzas Armadas tendrán un superpresupuesto de L15,800 millones en 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Entre la Secretaría de Defensa, a cargo de las Fuerzas Armadas, y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), intervenido desde 2023 por los militares, se manejará un superpresupuesto de 15,800 millones de lempiras en 2025.

El Instituto Nacional Penitenciario tendrá un aumento en su presupuesto para el 2025 que supera los 2,500 millones de lempiras, un crecimiento del 100% con respecto a 2024.

De acuerdo al proyecto de ley a discutirse en las próximas semanas en el Congreso Nacional, la partida experimentó un incremento interanual de 2,504.2 millones de lempiras, más del 100% en comparación con el año anterior, cuando sumaba 2,476.3 millones.

La plataforma Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin), evidencia que al Presupuesto 2024 vigente a la fecha se le redujo la asignación en 27.5 millones de lempiras, y suma 2,448.8 millones, del cual se ha ejecutado el 72.8%, es decir, 1,783.2 millones y le queda como saldo 665.6 millones para el resto del año.

Por medio del decreto ejecutivo PCM-28-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta, el viernes 23 de junio del año anterior, se le otorgaron las facultades suficientes a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) de las FF AA para intervenir el sistema penitenciario nacional.

El periodo de la intervención de las Fuerzas Armadas en el INP se fijó para un año, es decir, vencía el 23 de junio de 2024, pero mediante el decreto ejecutivo PCM 18-2024 se amplió la intervención hasta el 31 de diciembre próximo.

Algunos sectores consultados por EL HERALDO Plus no descartan que haya una ampliación en el plazo de intervención del INP a favor de los militares, debido a que existen varios proyectos, como la construcción de cárceles, encomendado a los militares.

En ese sentido, de continuar las Fuerzas Armadas al frente del INP, la institución castrense tendrá a su disposición un presupuesto mayor a los 15,800 millones de lempiras, sumando los 10,844.8 millones proyectados para Defensa y los 4,980.5 millones para el Instituto Penitenciario.

En el decreto de ampliación del tiempo para la intervención del INP se autorizó a la Policía Militar de las Fuerzas Armadas aplicar la modalidad de contrataciones directas para adquirir bienes y servicios.

Además, se ordenó la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), entre los departamentos de Gracias a Dios y Olancho, como una decisión emanada del seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

También se ordenó construir el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Islas del Cisne, Islas de la Bahía, valorado en unos 2,000 millones de lempiras. A pesar que han fracasado tres procesos de licitación para adjudicar su ejecución, el gobierno sigue empeñado en su construcción.

El mismo decreto de emergencia para el INP ordena la finalización de la construcción del centro penal de Naco, Cortés, abandonado desde hace varios años, así como el acondicionamiento de los demás centros penitenciarios.

Hay otros proyectos inconclusos iniciados en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, como los módulos de máxima seguridad en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que reveló la Unidad Investigativa de EL Heraldo Plus.

EL HERALDO Plus consultó al director del INP, coronel Ramiro Fernando Muñoz, sobre los proyectos a ejecutar, pero respondió vía telefónica: “Yo no tengo proyectos, mi tiempo termina este año, y si una papada es el otro año no es conmigo”.

Al preguntarle cuándo terminaba su período de gestión, dijo desconocer la fecha, pero él siempre toma por sentado que “cuando el año termina, hasta ahí llega uno”, aduciendo al mismo tiempo que no sabe si el presupuesto para el INP aumenta en un 100%.

El coronel argumentó que no podía hablar sobre el tema por celular, pues “no puedo estarte diciendo eso por teléfono, como si fuéramos vagos nosotros, hay que ser serios en eso vos”, dijo e inmediatamente colgó el teléfono cuando el reportero le preguntó si lo podía atender en su oficina.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encomendó la responsabilidad a la ministra de la Defensa, Rixi Moncada, a seguir con el Plan de Solución Contra el Crimen, de forma urgente en los municipios con mayor incidencia de crímenes como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.

Aparte de la construcción de la megacárcel entre Gracias a Dios y Olancho, Moncada también podrá realizar procesos de contratación directa para la construcción de una pista de aterrizaje en La Mosquitia, compra de aeronaves, adquisición de repuestos y equipamiento, y levantar edificaciones.

EL HERALDO Plus trató de comunicarse con Moncada por medio de mensajes de WhatsApp para consultarle sobre los proyectos a los que le darán prioridad en el 2025, pero no respondió.

En su informe anual del cierre de 2023, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), señaló su preocupación por la construcción de un centro penitenciario de máxima seguridad en las Islas del Cisne, aproximadamente a 250 kilómetros de tierra firme.

La construcción de esta cárcel conlleva una grave vulneración a los derechos humanos, aislamiento prolongado e indeterminado, violatorio del artículo 87 constitucional que establece que las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social.

La diputada por Gracias a Dios, Erika Urtecho, valoró como positiva la pavimentación de la pista aérea para La Mosquitia, pues ella ha gestionado este proyecto con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) sin resultados positivos.

Al consultarle sobre la construcción de una cárcel entre Gracias a Dios y Olancho, dijo que horas más tarde daría su opinión, sin embargo hasta el momento de la publicación de este artículo no manifestó su postura.

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), declaró que no está de acuerdo en que se realicen compras directas para ejecutar este tipo de proyectos.

Resaltó que este mecanismo de contratación siempre han sido una salida para todos los gobiernos, porque así construyó el exmandatario Hernández las cárceles de máxima seguridad de “El Pozo I” en Ilama, Santa Bárbara; La Tolva en Morocelí, El Paraíso, y el presidio de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán.

Es de resaltar que existe el antecedente que la cárcel de Siria, en El Porvenir, fue construida por las FF AA, pero debido a la mala edificación de las obras el proyecto tuvo que ser reconstruido y reforzado.

Maldonado dijo que el Codeh se opone a la construcción de la cárcel en Islas del Cisne al considerar que no es viable en una zona tan inhóspita, pero no debe interpretarse esta postura como un respaldo a los grupos de criminalidad organizada, como tienden a señalar funcionarios de forma perniciosa.

Maldonado afirmó que sí está de acuerdo con la construcción de un centro penitenciario entre Gracias a Dios y Olancho, porque la problemática penitenciaria que vive Honduras no ha recibido un tratamiento adecuado.

Además, se requiere que el sistema de justicia en Honduras sea más efectivo: así como se encargan de meter a la gente a la cárcel, sean diligentes en aplicar una justicia a su debido momento y que no sea tardía.

Sobre el incremento del presupuesto al INP, consideró que es viable, porque el sistema penitenciario es toda una problemática. Se debe revisar el salario de los custodios de unos 19,000 privados de libertad, para que estén bien remunerados y que no haya colusión con los privados de libertad.

El defensor de derechos humanos sostuvo que esperan que los centros penales no siempre estén bajo el control de las FF AA y que el presupuesto de Sedena y del INP se maneje de forma individual.

“Nosotros esperamos que en el corto tiempo la presidenta de la República, Xiomara Castro, determine si va a continuar frente al Instituto Nacional Penitenciario la Policía Militar del Orden Público, o va a nombrar al director o subdirector como lo establece la ley”, confió.

El activista dijo que en los recorridos realizados por el Codeh en los centros penales se ha visto que ha vuelto la gobernabilidad, pero si se hace la cárcel entre Gracias a Dios a Dios y Olancho se descongestionarían, porque muchos privados de libertad viven en precariedad.

Datos de Conaprev establecen que los 26 centros de reclusión nacional apenas tienen capacidad para 13,051 privados de libertad, pero al cierre del 2023 sumaban 18,894, haciendo una sobrepoblación que superaba los 5,800 reclusos, establece el informe.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA y general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, consideró que los políticos en el gobierno están instrumentalizando a la institución militar por medio de las compras directas.

“Las compras directas es un abuso de poder más, porque prácticamente ese dinero como que va a apoyar la campaña de la ministra de Defensa (Rixi Moncada), allí hay un conflicto de intereses”, advirtió en declaraciones a EL HERALDO Plus.

Señaló que el dinero destinado para hacer compras directas, tanto en Defensa como en el Instituto Nacional Penitenciario, es exagerado e indignante, porque demuestra que no hay ninguna posibilidad de que haya transparencia en el país.

“Eso lo que hace es dar lugar a grandes actos de corrupción, porque lo que hacen es comprar directamente y ponerse de acuerdo con los proveedores para que les asignen dinero bajo la mesa”, cuestionó.

El militar en condición de retiro explicó que hay proyectos fuera de la órbita de las FF AA, como la construcción de cárceles o pistas de aterrizajes. “Están instrumentalizando a las Fuerzas Armadas”, condenó.

Vásquez Velásquez recomendó a los miembros de la institución militar que deberían de hacer un reclamo respetuoso a través de los canales correspondientes para que cese este abuso, porque en el futuro pueden ser reparados o rendir cuentas por la colaborar o la omisión en estos actos.