¿Quién está al frente del Ministerio Público al no haberse elegido a los nuevos fiscales?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿El Ministerio Público cayó en un vacío institucional? ¿Siguen al frente los fiscales elegidos en el período 2018-2023?

Hay diversas versiones sobre los que pasará en el Ministerio Público y, sobre todo, quién estará al frente de la institución luego de que los diputados del Congreso Nacional no pudieran ponerse de acuerdo para elegir entre los cinco aspirantes que envió la Junta Proponente.

La gestión de Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto) terminaba el 31 de agosto de 2023, aunque la ley dice que pueden continuar en sus puestos hasta que se elijan nuevas autoridades. Si la normativa es clara, ¿qué es lo que está pasando?

Horas antes de que el Congreso Nacional sesionara, el mismo fiscal adjunto citó el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el cual específicamente dice: “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluyan el período para el que fueron electos y no se hayan asignado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

Ante esto, Sibrián aseguró que tanto él, como Chinchilla continuarían al frente del Ministerio Público. Incluso, aclaró que ninguno de los dos había renunciado a su cargo, como se especulaba la tarde del jueves.

“Yo tengo la obligación conforme a ley hasta que las autoridades nombren a nuestros sustitutos. No ha puesto la renuncia el fiscal general ni su servidor”, dijo en diálogo con Hoy Mismo.

Sibrián aseguró que su deber era concluir su gestión hasta que los parlamentarios eligieran a las nuevas autoridades, pero hasta la media noche del jueves no había ocurrido.

Una fuente reveló a EL HERALDO que Sibrián se presentó este viernes a las oficinas de la Fiscalía. En horas de la tarde de este día también se conoció que interpuso su renuncia condicionada a una votación en el Congreso Nacional (los diputados deben decidir si aceptan).

De momento, a lo interno del Ministerio Público identifican a Sibrián como la cabeza temporal de la institución, ante la ausencia notoria de Chinchilla.

La sesión inició pasadas las 7:30 de la noche, cuando los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH) presentaron nuevamente la misma moción nominativa de la primera sesión: Marcio Cabañas como fiscal general y Jenny Almendares como adjunto. La votación no logró los 86 votos, apenas alcanzó los 72 con apoyo del Partido Nacional, parte de los liberales y PSH.

El Partido Libertad y Refundación también mantuvo su nómina: Johel Zelaya como fiscal general y Marcio Cabañas como adjunto. Esta moción nominativa tampoco alzó la mayoría calificada, apenas pasó los 50 votos en las tres ocasiones.

“Recordemos que en este Congreso Nacional ninguna bancada logra ajustar por sí misma los 86 votos y requiere la madurez política de todos”, recordó Joshy Toscano, del Partido Salvador de Honduras, a los diputados de Libre, invitándolos a sumarse a la propuesta del PSH en la segunda ocasión.

No obstante, ninguna de las bancadas cedió, lo que ocasionó que las mismas propuestas fueran votadas tres veces antes de la media noche.

El que no se eligieran a las nuevas autoridades del Ministerio Público generó diferencias entre los diputados, quienes -en muchos casos- afirmaron que no se sabe si la institución continuará con las investigaciones pendientes.

El jefe de la banca del partido Libre, Rafael Sarmiento, dijo que a partir de este viernes 1 de septiembre se cae en “un vacío institucional” por no haber elegido un fiscal general y adjunto.

El parlamentario afirmó que los fiscales finalizaron su mandato de cinco años el 31 de agosto y que “cualquier acción que hagan de mañana (hoy) en adelante cometerían delito de usurpación de funciones”.

Recordó que ocurrió lo mismo con la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque “nosotros dejamos establecido y fuimos coherentes siempre que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de su mandato quedaban de facto y ningún magistrado volvió a ejercer sus funciones; se mantuvieron al margen hasta que se eligió Corte”.

La diputada Fátima Mena, una de las vicepresidentas del Congreso Nacional, dejó claro que “yo quiero que Chinchilla se vaya, yo quiero que Sibrián se vaya, pero de acuerdo con lo que dice la ley, que es eligiendo a los nuevos fiscales”. Mena culpó a Libre de no dialogar, por eso el Congreso no pudo cumplir en tiempo y forma con la elección del fiscal.

Casi a media noche, justo cuando se vencía el plazo, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso que Chinchilla y Sibrián no podían continuar dirigiendo la justicia del pueblo porque habían “perdido la investidura de sus cargos y carecen de legitimidad”.

Entre los múltiples argumentos que Redondo leyó de un documento está que las estructuras del crimen organizado y narcotráfico lograron penetrar, controlar y dirigir los poderes del Estado, incluyendo el Ministerio Público.

Afirmó que esa situación ha ocasionado que Honduras se posicione como uno de los países más corruptos y catalogados como narco estado por autoridades y cortes penales estadounidenses.

“Si no fuese así, no habría existido la necesidad de crear la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih-OEA), cuyos casos no llevaron a prisión a todos los criminales investigados”, leyó, mientras recordaba que el convenio no fue renovado y “prácticamente fueron expulsados de Honduras”.

Incluso, ahondó sobre la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y otras personas vinculadas con el narcotráfico, a quienes nunca se les investigó, acusó o enjuició en Honduras.

Las investigaciones en el caso de Hernández “solo aparecieron específicamente en la fase del juicio de extradición, evidentemente para tratar de evitar su extradición a Estados Unidos”.

El documento también señala al fiscal de apoyar, encubrir la reelección presidencial en 2017, la aprobación de las ZEDE, fraudes electorales y la vigencia del Código Penal.

“Estos (fiscal general y fiscal general adjunto, e incluso el directos de fiscales) han cometido innegables, evidentes y graves delitos por acción y omisión contra todos los hondureños y el Estado de Honduras”, por lo que dejó en manos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes De Corrupción (Uferco) la justicia del país.

Esta decisión ya se había especulado horas antes, luego de que Libre dijera que el ejercicio de la acción penal lo seguiría ejerciendo la Uferco, amparados en el decreto 67-2022 aprobado por el Congreso Nacional.

Es decir, mientras el Congreso no elija al fiscal general y adjunto será el titular de la Uferco, Javier Santos, quien dirigirá al Ministerio Público, han sostenido desde los círculos de Libre.

“En tanto no se elija un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto, de acuerdo al artículo 4 del decreto 67-2022 vigente, aprobado por este Congreso Nacional, quedan delegadas las fiscalías especiales y los fiscales en particular por el tiempo indefinido; en tanto la acción penal pública de los delitos comunes está garantizada”, leyó Redondo previo a la finalización de la sesión.

Tomás Zambrano, jefe de la banca del Partido Nacional, cuestionó la decisión y dijo que la Uferco no sustituirá al fiscal general de la República.

“Mañana (hoy), en base a la Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 18 y artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso, sigue en funciones el fiscal general, si falta el fiscal general va a tener la titularidad del Ministerio Público el fiscal adjunto y si falta el adjunto queda el director de fiscales, no la Uferco, nada que ver”, opinó.

Sin embargo, ni dentro de Libre tienen una postura clara al respecto de las funciones actuales de la Uferco como unidad cabeza del Ministerio Público.

Por ejemplo, Omar Menjívar, abogado y vicealcalde de San Pedro Sula por Libre, adviertió sobre las consecuencias de delegar el control del MP a la Uferco.

Mientras que este viernes, la presidenta Xiomara Castro afirmó en la red social X (antes Twitter) que la Fiscalía está acéfala, afirmando que los titulares de la institución ya terminaron su período.

El fiscal general y adjunto son elegidos por el Congreso Nacional, pero el director de fiscales es nombrado por el fiscal general.

La Ley Orgánica del Ministerio Público menciona que a falta del fiscal general, la responsabilidad recae sobre el fiscal adjunto, pero al no estar ninguno de los dos, el ente de investigación queda en manos del director de fiscales.

Pese a lo que dice la normativa, Redondo afirmó que fortalecería e inyectaría más presupuesto a la Uferco, al mando de Javier Santos, “para combatir la corrupción e impunidad de manera pronta, expedita y eficaz, especialmente en todos los casos que tienen en su conocimiento”.

Zambrano afirmó que la Uferco seguirá funcionando, pero de la misma forma en la que seguirá operando la Atic, la Dirección de Medicina Forense, la Dirección de Fiscalía, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Fiscalía Especial de delitos comunes y la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución porque “son unidades” dentro del Ministerio Público.