En pedazos se encuentran ya las casas contenedores en Lomas del Diamante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La depresión mantiene a la señora Jessica Sibaja en un rincón de un contenedor que se cae a pedazos, sus ojos se ven hinchados porque de repente comienza a llorar, sobre todo por los recuerdos que tenía de su casa, destruida por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

Su esposo se oponía a que la demolieran, y eso aumenta su dolor en el pecho, cree que fue engañada. “La gente de la UCP y del gobierno (anterior) nos dijeron que nos iban a dar una casa de material con todo y terreno, pero dejaron todo botado”, narró.

Bajo esa promesa, la señora fue pasada junto a su familia a dos contenedores de forma supuestamente provisional. “Tenga cuidado al entrar, el piso ya está podrido y las paredes están quebradas”, advirtió al equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

Más de dos años han pasado desde el paso de los fenómenos Eta y Iota y los afectados que recibirían una vivienda en varias partes del país, gracias a la inversión de 1,200 millones de lempiras y otros recursos del Instituto de la Propiedad (IP), siguen en el limbo, desamparados.

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Uno de esos proyectos corresponde a Lomas del Diamante, en la aldea Santa Rosa, al sur de la capital. Este se comenzó a gestar en el año 2020 y siguió durante 2021 y parte de 2022. Fue así que surgió el caso de las casas contenedores en el mismo sector.

El proyecto que era la esperanza de miles de familias ha sido manchado por la corrupción, el pleito de territorio y los intereses de negocio en desarrollar proyectos habitacionales privados.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus hizo públicas en principio las anomalías que habían alrededor de las obras, luego el Consejo Nacional Anticorrupción oficializó que las irregularidades identificadas ascendían a 69 millones de lempiras.

Para entender la trama del conflicto, que tiene a cientos de familias sin casa, sin terreno y al borde la locura y la muerte, vamos a explicarlo por partes.

Luego del paso de los fenómenos naturales Eta y Iota en noviembre de 2020, el exministro de la presidencia, Ebal Díaz, anunció la construcción de casas a base de contenedores que estarían acondicionadas con todo lo necesario.

Bajo una serie de problemas e irregularidades se construyeron 102 vagones y se compraron otra cantidad de contenedores que no se utilizaron debido a que la meta inicial era hacer 10,000 viviendas sociales, muchas a base de este material.

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En tiempo de elecciones, los damnificados que estaban en el albergue de la Villa Olimpica, en Tegucigalpa, le exigieron al gobierno anterior la vivienda prometida.

Ante la amenaza de protestas, los llevaron a un hotel, luego les ofrecieron los módulos en Lomas del Diamante.Pero no sabían lo que les esperaba, porque en menos de un año, las paredes de las casas se comenzaron a caer a pedazos debido a la mala calidad y la edificación.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que las paredes de tabla yeso ya están quebradas, se puede ver y escuchar al vecino, el piso está podrido y hundido, los baños ya están desechos, los lavamanos caídos y los sanitarios desprendidos.

Cuando llueve el agua se mete por las ventanas, la energía eléctrica les falla, sufren por el agua potable y el sistema de aguas negras también tiene problemas.

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“Todos esto lo estamos viviendo solo en la parte de abajo, ¿se imagina si hubieran habitado la parte de arriba? Sería un desastre, nos caen encima”, advirtió Griselda Mendoza, una de las damnificadas por Eta y Iota.

Recordó que la actual ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, prometieron ayuda, pero no volvieron.

Griselda, que asegura ser madre soltera, sostenía la cabeza de su pequeño bebé al tiempo de rogar: “Le solicito a la presidenta (Xiomara Castro) que nos dé una respuesta, así como nos la ofrecieron los ministros”.

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“Venga, por favor, vaya mire mi casa, está destruida”, demandó un niño que vestía una calzoneta negra y unas sandalias de estilo “sapito”.

Con apoyo de una vecina, el equipo de EL HERALDO Plus entró donde habita el pequeño junto a la mamá, comprobando que es una amenaza, toda la pequeña sala, cocina y los baños están podridos. “Mi mami anda trabajando”, expresó.

El otro conflicto está entre las familias que cedieron sus terrenos, ellos también sufren por la mala administración pública.

Entre tres vecinas compraron un lavadero de madera y un tanque de agua para sobrevivir en “las casas de lata”, bautizadas así por la comunidad.

“Yo tenía mi casa allá abajo, era de madera, pero yo era feliz, si yo hubiera sabido que esto iba a terminar así no acepto, yo acepté porque nos iban a dar una casa de material”, expresó doña Alejandrina Amador Estrada, quien sufrió un derrame ante la angustia por todo lo que está pasando.

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En sus ojos llorosos se refleja la impotencia y la culpa al confesar que siente que vive un castigo divino por ambición.

“Yo todas las noches llorando le pido perdón a Dios, porque abajo tenía mi casita, el terreno me costó 100,000 lempiras, pero por la ambición de una casita de material venimos a parar aquí”, sollozó.

Ella es parte de un grupo de 23 familias que fueron sacadas de su hogar con la promesa de darles una casa nueva, pero con la llegada del nuevo gobierno y las irregularidades del proyecto todo se detuvo.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció que el gobierno anterior les ofreció 513 viviendas a los habitantes de Lomas del Diamante para desocupar los terrenos.

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Estos predios serían destinados para cederlos a desarrolladores privados de viviendas, quienes construirían casas y edificios habitacionales y luego los venderían.

Pero el problema no solo es ese, sino que la zona fue tomada por invasores de oficio, mientras que supuestos dueños, con escrituras públicas, demandan la posesión de la tierra, cuando en el IP afirman que el terreno es del Estado.

Todo esto fue gestado por el gobierno anterior mediante el decreto ejecutivo PCM-040-2019, donde se declara de interés prioritario y nacional el proyecto de vivienda Residencias Morozán, el cual contemplaba la construcción de aproximadamente 10,000 viviendas de carácter social.

A su vez, mediante artículo 2 se creó la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP), dependiente de la Secretaría de la Presidencia y por medio de esta se contrató a la UCP.

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Fue así que se determinó que este proyecto sería financiado por medio de los fideicomisos del Instituto de la Propiedad (IP) del Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (Sitec).

En ese sentido, la UCP aseguró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO que el proyecto fue traspasado a las nuevas autoridades de la Secretaría de la Presidencia.

En medio de las casas sin terminar está una de madera, donde cuatro niños de 10, 9, 7 y 3 años correteaban alrededor con un perro, adentro lloraba una pequeñita de apenas tres meses.

“Nuestro terreno estaba donde hicieron las casas contenedores, aquí alquilamos con mi esposo, gracias a Dios él no permitió que destruyeran aquí, porque a saber dónde viviríamos”, expresó Glenda Vásquez, de 32 años, madre de todos los pequeñitos.

Rodolfo Pastor, titular de la Secretaría de la Presidencia, aseguró a EL HERALDO Plus que actualmente están colaborando con el Ministerio Público (MP) para esclarecer el caso y pasar el proyecto a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).

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