TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si la justicia continúa dándole la razón, la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) recuperará más de 224 millones de lempiras que ha tenido que pagar por demandas interpuestas por docentes y guardias de seguridad.
Los expedientes en los tribunales de Francisco Morazán muestran como en los juzgados de Catacamas se ha castigado a este centro de estudios superiores.
Primero, la jueza de Letras Seccional de Catacamas Lidia Marlene Martínez Amador le otorgó a 94 docentes demandantes 164,216,334 lempiras por un arancel que fue expulsado del ordenamiento jurídico el 15 de febrero de 2009.
En otra demanda interpuesta por 64 guardias de seguridad que fueron despedidos por la Comisión Interventora que presidió Marcial Solís, el juez de letras supernumerario de Catacamas Alex Eduardo Sabonge Almendares condenó a la universidad a pagar 81,757,429 lempiras más otros 20,438,607 lempiras por costas.
En total, lo que la universidad, ubicada en Catacamas, Olancho, ha tenido que cancelar por este caso son 102,196,036 lempiras.
A pesar de que ninguna de estas dos demandas laborales -de las 24 que enfrenta la Unag en los tribunales de justicia- adquirió el carácter de firme, la institución ha sido obligada a cancelar 266,412,372 lempiras.
En los expedientes de las dos millonarias demandas antes mencionadas incluso consta cómo los jueces de los tribunales de Catacamas trabaron todos los recursos que presentaba la defensa de la universidad.
Por esta situación y otras denuncias, la Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia levantó informes contra los jueces, pero la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no procedió contra Martínez.No obstante, sí lo hizo contra Sabogne, quien recientemente fue separado de su cargo, según constató EL HERALDO.
Recuperación
Como los recursos legales de la universidad eran desestimados en el juzgado de Catacamas, la defensa de la Unag logró que los casos fueran conocidos por las cortes de apelaciones de Francisco Morazán.
De esta forma, el abogado Óscar Orlando Sevilla, representante legal de la universidad, mediante recursos, logró que la Sala de lo Constitucional le diera la razón sobre la inconstitucionalidad del Arancel de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas; así como que la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán declarara el 26 de abril de 2022 con lugar una queja contra el auto dictado el 10 de diciembre de 2019 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, ordenando que se admita a trámite el recurso de apelación interpuesto por la Unag.
El hecho de que la universidad hoy tiene la posibilidad de cambiar el rumbo del caso preocupa a gran parte de los beneficiados con los 164.2 millones de lempiras.En un chat que tienen los docentes, uno de sus líderes escribió hace unos días:
“Buenos días, colegas. Considero importante que nos podamos reunir y analizar todas las acciones legales que las autoridades de la universidad están realizando en la CSJ a través del bufete Sevilla para declarar inconstitucional el arancel”.
“Lo último es que la Corte le admitió el recurso, por lo que existe la posibilidad de que el mismo pueda salir favorable afectando a todos los beneficiarios, por lo que tocaría devolver lo pagado a la fecha. Démosle la importancia a esto, compañeros. Si gustan, propongamos una reunión la próxima semana entre lunes y martes para definir acciones”, aseguró el catedrático.
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Caso guardias
Por otro lado, en el caso de la demanda de los 64 guardias de seguridad, el 28 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones del Trabajo, por unanimidad de votos, anuló el oficio de auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas de fecha 5 de febrero de 2021 donde se ordenó a la Unag pagar 81,757,429 lempiras, además de reintegrarlos.
Asimismo el juez condenó a la Unag al pago de 20,438,607 lempiras por concepto de costas.
De acuerdo con los datos contenidos en el expediente, en este acto al juez se le paso la mano al realizar los cálculos de los salarios dejados de percibir por los demandantes pues la cifra -según la defensa de la universidad- ascendía a 41,286,274.79 lempiras.
“Tomando en cuenta el recurso de apelación y habiendo este tribunal de alzada apreciado la existencia de infracción procesal que origina la nulidad absoluta de las actuaciones o de parte de ellas, el tribunal lo declara así y ordena la retroacción de las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la origino; es decir, a la liquidación practicada, dadas las infracciones procesales señaladas en el presente fallo, este tribunal de alzada estima procedente declarar de oficio la nulidad del auto de fecha 5 de febrero de 2021”, dice la resolución judicial.
El dinero fue retirado de las cuentas que tiene la universidad en el Banco Central de Honduras (BCH); ahora la Corte de Apelaciones del Trabajo anula el oficio del auto de fecha 5 de febrero de 2021 y ordena se practique una nueva liquidación conforme con los lineamientos establecidos en la presente sentencia, y de igual manera absuelve a la universidad del pago de los 20,438,607 lempiras.
Para Esdras Rafael Gutiérrez Ochoa, abogado de los 64 guardias, la determinación de la Corte de Apelaciones del Trabajo no es el fin del proceso porque todavía cuenta con recursos legales.
“Es un proceso que no ha terminado, no está firme, cuando una actuación es firme, entonces, se hacen ese tipo de cuestionamientos, pero como no ha adquirido el carácter de firme, recuerde que hay más recursos, recurso de amparo, cualquier cantidad de cuestiones que todavía están en el proceso”.
Para Gutiérrez, la determinación judicial “es una apreciación meramente de cálculo, pero de repente no variará en nada en la cuestión de fondo de la liquidación, no variará en nada, porque de repente... recuerde que los derechos siempre se deben aplicar en cuanto a materia de trabajo se refiere, se debe aplicar lo que más le favorezca al trabajador”, argumentó.
En caso de que la justicia termine dándole la razón a la universidad, los docentes demandantes tendrán que devolver 164.2 millones de lempiras, mientras que los guardias tendrán que regresar una parte de lo asignado por salarios dejados de percibir, así como el dinero de las costas.
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