TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchas acciones del Ministerio Público a nivel nacional tienen un componente de prevención y combate del
acoso escolar o bullying, sostuvo Lorena Cálix, portavoz de esa institución.
Los fiscales analizan cada hecho en particular en atención a lo que dispone la Ley contra el Acoso o Maltrato Escolar; no obstante, cuando se trata de un delito penal en contra de los niños, la Fiscalía abre una investigación para la deducción de responsabilidades de tipo penal, que, en la mayoría de los casos, se trata de investigaciones por cualquiera de los tipos de maltrato que establece el Código de la Niñez, Adolescencia y Familia, explicó.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), los niños y niñas de los centros educativos están constantemente expuestos a la violencia.
En una encuesta realizada a 94,810 estudiantes se concluyó que el 11% de ellos reportaron la presencia de delincuentes o pandilleros una vez o más en el centro educativo y el 19% en el vecindario de la escuela. Un 10% de los jóvenes observaron la venta de drogas en las cercanías del centro escolar y el 6% dentro de la escuela.
De esta manera el Estado comenzó a ponerle atención a una problemática que ha venido en incremento, principalmente en los centros educativos urbanos.
Los fiscales analizan cada hecho en particular en atención a lo que dispone la Ley contra el Acoso o Maltrato Escolar; no obstante, cuando se trata de un delito penal en contra de los niños, la Fiscalía abre una investigación para la deducción de responsabilidades de tipo penal, que, en la mayoría de los casos, se trata de investigaciones por cualquiera de los tipos de maltrato que establece el Código de la Niñez, Adolescencia y Familia, explicó.
Igualmente, cuando una denuncia sobre acoso escolar es admitida, entonces se procede con diligencias inmediatas de investigación para los casos de flagrancia, y luego el posterior seguimiento por parte de la Fiscalía Especial de la Niñez.
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“Puede ocurrir también que la denuncia nos coloque en la necesidad de investigar una posible vulneración de derechos, por lo tanto habrá necesidad de trabajar en la restitución de tales derechos”, ahondó.
Aunque Cálix dijo no tener a mano los datos estadísticos sobre las denuncias por bullying, afirmó que la primera causa de investigación de delitos contra niños es el maltrato y le siguen los delitos contra la libertad sexual.
Informó que la Fiscalía de la Niñez trabaja en coordinación con las autoridades estatales relacionadas al tema de niñez y con la Secretaría de Educación en campañas de prevención del acoso escolar.
Según ella, se coloca a los fiscales de la niñez “en centros educativos de diferentes niveles, colegios, cabildos abiertos, escuelas para padres, visitas a universidades, y cuanto espacio de sociedad sea necesario para prevenir y advertir sobre las terribles consecuencias del acoso escolar”.
Por otro lado, los Módulos de Recepción de Denuncias (MRD) y los Módulos de Atención Integral Especializados (MAIE) reciben de primera mano la relación de hechos, en su mayoría de padres y niños que se consideran víctimas de bullying.
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Violencia y acoso
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), los niños y niñas de los centros educativos están constantemente expuestos a la violencia.
En una encuesta realizada a 94,810 estudiantes se concluyó que el 11% de ellos reportaron la presencia de delincuentes o pandilleros una vez o más en el centro educativo y el 19% en el vecindario de la escuela. Un 10% de los jóvenes observaron la venta de drogas en las cercanías del centro escolar y el 6% dentro de la escuela.
Prevención
El 21 de enero del 2015, en la Gaceta número 33,637 se publicó el decreto legislativo número 96-2014 que contiene la Ley contra el Acoso Escolar.De esta manera el Estado comenzó a ponerle atención a una problemática que ha venido en incremento, principalmente en los centros educativos urbanos.
Uno de los argumentos para aprobar tal normativa fue que “el acoso escolar es un factor que incide negativamente en el desempeño de los alumnos y alumnas y que de acuerdo con los últimos estudios realizados está íntimamente ligado al vandalismo, robo, impulsividad y agresividad, acoso y abuso sexual, violencia doméstica, abuso de drogas y alcohol, generando conductas futuras tanto para el agresor como para el acosado, que provocan ausentismo escolar, y trastornos emocionales y psicológicos”.
La ley tiene como objeto promover la buena convivencia en los centros educativos para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia física o psicológica, agresiones, hostigamientos, intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos.
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Ante tales obligaciones, Cálix explicó que la Fiscalía de la Niñez, en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la Secretaría de Educación, se ha involucrado en campañas de prevención del bullying.
De hecho, “la presencia de fiscales en estos lugares en muchos casos ha permitido la intervención inmediata de las autoridades administrativas competentes cuando así se requiere y del MP (Ministerio Público) cuando se tiene conocimiento que se ha consumado un delito”, valoró Cálix.
