Tegucigalpa, Honduras.- El representante de la empresa Ingeniería, Transporte y Logística, Carlos Salomón Fonseca, reaccionó tras figurar entre los requerimientos por delitos electorales en las elecciones primarias del 9 de marzo que fueron anunciados por el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, durante la noche del pasado lunes 31 de marzo.
"Están buscando chivos expiatorios para calmar la situación y echarle la culpa a alguien, pero estamos confiando en Dios primeramente y creemos que vamos a salir bien de todo esto. ", manifestó durante una entrevista en TN5 Matutino.
Durante la noche del 31 de marzo, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, hizo públicos los nombres de varios implicados en un escándalo de delitos electorales.
En la lista de los que serán requeridos por el Ministerio Público figuran Raúl Amílcar Rivera Montoya, y el miembro de la comisión evaluadora para la contratación del transporte de material electoral, José Martín Pastrana Sánchez. También aparece Carlos Salomón Fonseca Robles, Johel Ramos García, Dennis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo.
Según las declaraciones de Zelaya, la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado indagando sobre el manejo del transporte del material electoral y los costos asociados.
La empresa Ingeniería Logística fue contratada para gestionar el transporte de 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies. Sin embargo, según el Fiscal, solo dispuso de 10 cabezales y 2 camiones, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad operativa.
Además, Zelaya destacó que el costo real del servicio debería haber sido de 43 millones de lempiras, en contraste con la suma solicitada por la empresa, que excedió en 21 millones el presupuesto original. Esta discrepancia ha sido uno de los puntos más controvertidos en la investigación.
Cabe mencionar que los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, comparecerán el 10 de abril ante el MP aclarar su rol en el proceso electoral y su conocimiento sobre las irregularidades denunciadas.