Tegucigalpa, Honduras.- En medio del tenso ambiente postelectoral por los acontecimientos que opacaron las elecciones primarias del 9 de marzo, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, ordenó que toda investigación concluida y lista para que se presente un requerimiento fiscal deberá pasar por la inspección única del subdirector general de la Fiscalía, en lugar del director de fiscales.

A través del memorándum FGR-20-25 con fecha del 19 de marzo y con sello de recibido un día después, Zelaya se dirigió a todos los jefes de las distintas fiscalías del Ministerio Público (MP) para comunicar que los expedientes ya no pasarán por el abogado Juan Carlos Sánchez, titular de la Dirección General de la Fiscalía y afín al Partido Nacional.

"A partir de esta fecha, todos aquellos expedientes cuya investigación está concluida y listas para presentar requerimientos fiscales tendrán que ser remitidos únicamente al abogado Víctor Migdonio Carrasco, subdirector de Fiscalías, para su revisión legal y visto bueno correspondiente, quien además será la última instancia previo a presentar los requerimientos fiscales ante los juzgados correspondientes", precisó Zelaya en el memorándum.

En ese sentido, se estarían limitando las facultades al director de fiscales, pese a que, por años era figura encargada de ver los requerimientos fiscales.

Sin embargo, esta reducción de responsabilidades para el director de fiscales no es una medida nueva, pues en abril de 2024 se aprobaron una serie de reformas al Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalía, ordenadas por Zelaya, que reducían el poder de esa oficina.

Anteriormente, el artículo 103 de este reglamento establecía originalmente que para diferentes funciones "el Director General de la Fiscalía podrá delegar según sus criterios de dirección a los subdirectores de generales de Fiscalía".

Tras aprobarse la reforma de este artículo bajo el acuerdo No. FGR-JAZ-008-2024, ahora la Fiscalía General pueda dar instrucciones directas a los subdirectores de fiscales.

El artículo 103 reformado señala: "Sin perjuicio de las facultades del Fiscal General de la República para impartir directrices e instrucciones, el Director General de Fiscalía podrá delegar en los Sub Directores Generales de Fiscalía, en las jurisdicciones y competencias que les sean delegadas las siguientes funciones (...) las demás que le asigne el Fiscal General de la República y el Director General de Fiscalía, la Ley del Ministerio Público, su Estatuto y Reglamentos General, e igualmente el ordenamiento jurídico vigente".

En su momento, los expertos calificaron estas reformas como acciones que limitaban el poder del director de Fiscales y lo dejaban al mismo nivel que un subdirector de Fiscales. Con esta última decisión, el titular de la oficina pierde, incluso, la potestad de revisar los expedientes.

Cabe señalar que el cargo de director de Fiscales fue producto de las negociaciones políticas entre las tres principales fuerzas en el Congreso Nacional (Partido Nacional, Partido Liberal y Libre).

En ese arreglo tripartito, los partidos se repartieron los cargos: el fiscal general fue una nominación de Libre (Johel Zelaya), el fiscal adjunto (Marcio Cabañas) fue propuesto por los liberales, mientras que el director de fiscales es nacionalista, Juan Carlos Sánchez.

Esta directriz por parte de Zelaya se produjo días antes de que la Unidad Especial Contra los Delitos Electorales del MP citara en calidad de testigo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los acontecimientos de los comicios primarios.

Los consejeros del CNE tenían estipulado brindar sus declaraciones ante esta Fiscalía el pasado 14 de marzo, pero al final no se realizó. Por ende, el MP volvió a exigir a los consejeros a presentarse "lo más pronto posible".

Este llamado surge dos días después de que la consejera presidenta del CNE, Cossette López, denunciara que fue agredida verbalmente por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández.

Después de dos semanas de celebrarse las elecciones primarias, las cuales se caracterizaron por la desorganización en la distribución de maletas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el MP no ha presentado requerimientos fiscales hacia los presuntos responsables.

Desde el 9 de marzo, autoridades del CNE y el alto mando de las FF AA han estado en disputa sobre la responsabilidad por el retraso de la jornada electoral, la cual obligó a extender el tiempo de votación en las ciudades mencionadas. Incluso, en dos centros de votación de Tegucigalpa, la jornada se desarrolló hasta el domingo 16 de marzo.

La tensión entre las autoridades de ambas instituciones no ha menguado, sino que más bien va creciendo día a día. El pasado miércoles 19 de marzo, Cossette López aseguró en su cuenta de X que Hernández se reunió con una precandidata y un expresidente hondureño para modificar informes existentes y así librar de responsabilidad a las FF AA por las irregularidades de las elecciones primarias.

Por su parte, Roosevelt Hernández ha negado tajantemente los señalamientos de López y ha reiterado que la responsabilidad por la atípica jornada electoral recae en el CNE. Incluso, ordenó a López a retirar su publicación en X, en la cual hace mención de la reunión.

“Exigimos enérgicamente que retire ese tuit de inmediato y que nosotros estaremos siempre con la misma disposición de garantizar la seguridad, como lo dice la Constitución de la República”, declaró Hernández.