Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de la crisis generada por las Fuerzas Armadas, al mostrarse incapaz de entregar un centenar de maletas electorales tanto en esta capital como en San Pedro Sula, estaría la desestabilización del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su control con miras a manipular las elecciones generales de noviembre de 2025.

Así lo proyectan analistas y políticos consultados, quienes consideran que todo está planificado. Los síntomas de un plan continuista, a como dé lugar, no son nuevos, pero ahora comenzaron a sentirse con más virulencia con el actuar de una cúpula militar con muestras de insubordinación e irrespeto al poder civil, en este caso al CNE, que por mandato constitución está bajo su mando durante el período electoral.

De acuerdo con el diputado liberal Mario Segura, la conducta del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, es bochornosa, irresponsable y antipatriótica. El CNE tienen su propia autonomía, por lo que los consejeros merecen el respeto de cualquier otra autoridad. “Él -Hernández- puede ir a mandar a los batallones, pero en el CNE no tiene que ir a dar órdenes”, criticó el congresista.

Para Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, las intenciones del oficialismo no solo se limitan a enturbiar las elecciones generales, sino a “desprestigiar el proceso electoral primario (...) Libre le está apostando a que no exista declaratoria de elecciones el 8 de abril, para que exista un rompimiento del orden constitucional y quedarse a la fuerza”.

“La comisión investigadora (del Congreso) no es más para querer culpar y señalar a las consejeras (Cossette López y Ana Paola Hall)”, señaló ayer Zambrano al momento de ingresar a la reunión de jefes de bancada.

Desde un principio, el partido en el poder jugó a tener el control de la fuerza policial y militar, poniendo como cabecillas a personas claves, sin doctrina, pero que responden a la ideología y a los intereses partidarios; igualmente logró el control del Ministerio Público.

Aunque el oficialismo no controla el Poder Judicial, sí maneja el Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, un ente que, así como se mueven las piezas, se estaría convirtiendo en una herramienta de persecución política, advierten los analistas.

En los últimos meses, los hondureños han sido testigos de la generación de crisis en las instituciones, auspiciada por funcionarios, los colectivos y los ataques en las redes sociales, como una estrategia antidemocrática encaminada a aferrarse al poder.

Una de las instituciones que aún no sale de ese caos es el Congreso Nacional, donde desde la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el nombramiento del fiscal general, el partido en el gobierno mostró incapacidad de negociación y terminó imponiendo en la Fiscalía, Procuraduría y Poder Judicial a ciertos leales.

Pero el 9 de marzo reciente le tocó el turno al CNE de donde menos esperaba: de las Fuerzas Armadas. El órgano electoral, un ente frágil que los mismos políticos no han querido fortalecer con las reformas electorales, hoy está en el ojo del huracán y su debilitamiento también representa un decaimiento de la democracia.

Lo que pasó con la entrega de maletas electorales, donde ahora consejeros y militares se echan la culpa unos a otros, tiene en alerta a todos los hondureños quienes, en los próximos ocho meses, antes de los comicios generales, estarán expuestos a una guerra abierta y de baja intensidad de los políticos de turno para buscar maneras de hacerse con el poder, y más si sus cálculos continúan de manera adversa.

Para el analista Miguel Cálix, si se busca desestabilizar al CNE para cambiar a la consejera presidenta Cossette López y luego poner a uno de los dos suplentes afines al partido Libre, es imposible porque el nombramiento de su sustituto solo lo podría hacer el Congreso Nacional por mayoría calificada y los Partidos Nacional y Liberal no están en esa dinámica.

Cálix lamentó que el discurso oficialista no ayuda a reducir la conflictividad al seguir con un lenguaje hostil, de provocación o de dar votos de confianza a las Fuerzas Armadas. “Lástima que el liderazgo de la nación en vez de llamar a la moderación, alce los machetes y los gritos de guerra, como ocurrió con el Consejo de Ministros realizado recientemente en Olancho, ese lugar de tan ingrato recuerdo”, cuestionó.

Según Cálix, en Honduras está muy lejos la implementación del modelo venezolano, ya que las Fuerzas Armadas actualmente están distantes de ser un ente granítico, pues es conocido que hay malestar dentro de ella, incomodidad por esta posición en la que se encuentra.

Por su parte, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que detrás de este caos de los militares con el CNE pareciera que hay una intención de debilitar la institucionalidad. “Y cuando hablo de la institucionalidad, pienso en los dos bandos. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, que de origen ya es débil por su formación y la politización que rige. Por otro lado, el daño a la reputación de las Fuerzas Armadas, que han tenido siempre una credibilidad del pueblo hondureño”, opinó.

Hasta hoy, los sondeos preliminares “nos están diciendo que lo realizado el domingo 9 de marzo reciente le está pasando factura. El debilitamiento a la institucionalidad genera alarmas sobre el sistema democrático”, añadió.

Acerca de una crisis para desestabilizar al CNE, Hernández es del criterio que “hay una tendencia del poder. El poder quiere concentrar más poder y eso es casi una norma que hemos venido observando siempre. Y claro, el gobierno tiene el control y ha querido tener el control total de las Fuerzas Armadas y basta de ver los mecanismos que ellos hacen para los nombramientos del jefe del Estado Mayor y la forma como lo hacen. No es nuevo, siempre ha pasado, pero creo que en esta ocasión es como más visible”.

“En el caso de la Policía y Seguridad es lo mismo. Un activista que, si bien es cierto, pueden ser en el pasado simpatizante de los partidos, pero en este caso ha sido un activista. No hay duda de que ellos se sentirían mucho más cómodos si tienen control absoluto del Consejo (Nacional Electoral). Y en la lógica del poder, ellos van a buscar la forma de hacerlo. Y como se debilitan los contrapesos, entonces se le hace mucho más fácil”.

Para Hernández, es difícil asegurar que el partido en el poder busca generar caos para luego sacar provecho en el río revuelto. Lo que sí es obvio y “no podemos desconocer que es un partido que se gesta en la calle, que se nutre del caos. Es así. Se alimenta del caos y si hay caos esto le beneficia porque es parte de su ADN”.

Quizás no todo el partido como tal, pero sí sin duda alguna hay líderes de alto nivel del partido que sienten que esto puede ser una ventaja; recuerde que en Honduras entre más grande, el caos es más alto el costo y la negociación y “ellos lograron todo así”, dijo el representante de la ASJ.

Tanto Hernández como Cálix creen que sí es posible llegar a las elecciones generales de noviembre próximo. “No podemos permitir que nada ni nadie le robe al pueblo hondureño la oportunidad de ir a elecciones”, dijo Hernández.

Se vienen ocho meses difíciles, habrá ataques, acciones para afectar a la prensa, a la sociedad civil, a todo el que piensa de manera diferente, advirtió Hernández.

En el Consejo de Ministros desarrollado el pasado domingo en Olancho, el gabinete de Xiomara Castro fijó posición a favor de la cúpula militar. “Con relación al respaldo al jefe del Estado Mayor Conjunto, obviamente, el Consejo de Ministros y la presidenta de la República (Xiomara Castro) definieron ayer en el gabinete en Lepaguare (Olancho) darle el respaldo total”, declaró el canciller Enrique Reina frente a los medios de comunicación.

En medio de la tensión electoral, la Fiscalía también es otra institución protagonista. La semana pasada, el fiscal general, Johel Zelaya limitó las facultades del director de Fiscalías al ordenar, mediante una comunicación, a los jefes de las diferentes oficinas a remitir exclusivamente todos los expedientes listos para requerimiento al subdirector de Fiscalías.

Mientras que el fin de semana se conoció que la Unidad de Delitos Electorales citó a los tres consejeros como testigos por los eventos relacionados con el caos electoral y las declaraciones vertidas ante los medios.

Por otro lado, el Partido Liberal dio a conocer un comunicado señalando que el CNE es un ente autónomo. Ante los ataques del jefe de las Fuerzas Armadas, como del presidente del Congreso Nacional y del Ministerio Público, las autoridades del partido y la bancada dentro del legislativo respaldan la labor del órgano electoral y de su representante Ana Paola Hall en el sentido de cumplir su misión primordial en este momento crucial para la democracia.

Asimismo, el Partido Liberal desconoce la designación inconsulta de la comisión especial nombrada por el Poder Legislativo para investigar los sucesos del 9 de marzo, de dos diputados que no representan el sentir y pensar del liberalismo, dice el comunicado, donde también se hace un llamado a todas las bancadas de oposición, a toda la institucionalidad democrática, así como a la sociedad civil organizada a mantenerse vigilante.