Tegucigalpa, Honduras.- Los abusos y mal manejo de los procesos electorales por parte de muchos funcionarios ha provocado que el Ministerio Público (MP) proceda a investigar y buscar a los responsables, como sucede en la actualidad para deducirles responsabilidades.
Las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), militares y funcionarios de mandos intermedios han tenido que declarar ante la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE) del MP para explicar qué fue lo que sucedió en el transporte de material el 9 de marzo en las elecciones primarias.
Hasta el momento, un funcionario del CNE guarda prisión en el Centro Penitenciario Nacional de Támara por delitos cometidas en las elecciones recién pasadas.
Las investigaciones siguen y el MP busca determinar si existe responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF AA) como custodios del material electoral o de otros funcionarios del CNE en las denuncias interpuestas hasta el momento.
Cifras del MP, analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, evidencian que este tipo de situaciones no son nuevas, ya que en procesos de 2017 y 2021 fueron denunciados alrededor de 103 altos funcionarios por delitos electorales.
Yuri Mora, portavoz del MP, explicó que generalmente lo que más se denunció en procesos electorales pasados fue el traslado irregular de ciudadanos de un municipio a otro y que en las bodegas del CNE estaban cambiando los datos de las actas.
Al interior del país, dijo Mora, lo que más se denunció es que a muchos electores les querían pagar o no les permitieron ejercer el sufragio cuando llegaban a las urnas, perjudicando el proceso electoral.
Las cifras evidencian que el proceso electoral de 2017, cuando se reeligió el expresidente Juan Orlando Hernández, fue cuando más denuncias de altos funcionarios se registraron, con 102.
Para las elecciones de 2021, cuando resultó favorecida con la mayor cantidad de votos la presidenta actual, Xiomara Castro, solo hubo registros de un alto funcionario denunciado, según las cifras del MP.
Las mismas cifras evidencian que las personas que más denunciaron eran regidores municipales, sumando 96 del total de casos, coincidiendo con lo explicado por Mora, ya que al interior es donde hay más incidencia de las autoridades locales.
En los último procesos electorales también fueron denunciados cuatro alcaldes, un diputado, un empleado público y hasta un juez de paz por delitos electorales, según las cifras.
Más denuncias
Mora explicó que en este momento hay denuncias en contra de altos funcionarios, pero lo que más ha acaparado la atención son las relacionadas con el traslado de las maletas electorales que generó un retardo injustificado en el inicio de los comicios en varios centros de votación.
Las cifras indican que el departamento con mayor número de funcionarios acusados por delitos electorales fue Ocotepeque, en el occidente de Honduras, con 98 casos.
Luego aparecía Francisco Morazán, con 2; así como Atlántida, Intibucá y Yoro, con 1 por departamento.
Mora destacó que muchas de las denuncias, no solo contra funcionarios, fueron procesadas y se emitieron requerimientos fiscales, por lo que algunas terminaron en sentencias condenatorias.
El pasado lunes se emitieron 6 requerimientos fiscales con la respectiva orden de captura, pero solo una persona fue detenida; las investigaciones siguen desarrollándose.
Por ejemplo, la tarde del miércoles un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegó hasta las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en busca de más evidencias sobre las denuncias interpuestas por inflación de votos.
“Se siguen las investigaciones de otros elementos que puedan haber y a medida que se vaya avanzando, los fiscales van a determinar si amplían los requerimientos fiscales o presentan nuevos requerimientos fiscales, pero se siguen trabajando”, explicó Mora.
Dijo que actualmente ya se le tomó declaración alrededor de 5 militares, a miembros del CNE, a transportistas, a los que manejan los buses, a los que estaban en las bodegas y personal administrativo.
Otros responsables
Dentro de los que cometen delitos electorales también están los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y otros actores que son denunciados, pero muchas de las denuncias son desestimadas porque no implican responsabilidad penal.
Por ejemplo, hasta 2022 sumaban unas 40 denuncias por delitos electorales a distintos ciudadanos, no solo a funcionarios, pero alrededor del 70% resultaron ser faltas y no delitos como tal, entonces fueron trasladadas al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), explicó una fuente del MP.
La mayoría de los delitos electorales corresponden a traslados de domicilio y por problemas en la JRV, ya que la mayor parte de los que llegaban a declarar eran miembros de las Juntas Receptoras de Tegucigalpa y del interior del país, contó la misma fuente.
Cuando se determina que las denuncias en realidad son faltas y no delitos electorales, las investigaciones las hace el CNE y el TJE con base a la ley de esos entes del Estado.
En tanto, Mora explicó que para atender todos los delitos, la UECDE se activa seis meses antes del proceso electoral y se cierra después de las elecciones; para este proceso se activó desde septiembre de 2024.
Pasadas las elecciones, las denuncias y casos que están en proceso de investigación se asignan a otras fiscalías; por ejemplo, las denuncias del proceso general anterior se asignaron a la Fiscalía de Derechos Humanos.
El portavoz del MP detalló que en este momento se capacitaron alrededor de 200 fiscales a nivel nacional, que son los que están atendiendo todas las denuncias que se están realizando y seguirán hasta el proceso electoral general.
Los políticos
Datos del Sistema Nacional de Emergencia (SNE), conocido como 911, indican que el día de las elecciones primarias, entre las 7:00 de la mañana del 9 de marzo y las 7:00 de la mañana del 10 de marzo, se registraron 222 denuncias por supuestos delitos electorales.
De estas, 94 fueron por alteración del orden en el proceso electoral, 51 por hurto o sabotaje al proceso electoral y de escrutinio y 26 por compra y venta de votos.
Asimismo 18 fueron por intimidación, engaño y acoso electoral, 12 por fraude electoral, 9 por detención ilícita del Documento Nacional de Identificación (DNI), 8 por abuso de autoridad electoral y cuatro por campaña electoral ilegal.
Lester Ramírez, analista y experto en derecho, señaló que el problema con los procesos electorales en Honduras es que son manejados por los políticos que generan fraude para mantener una ventaja desleal sobre los otros.
Consideró que el Ministerio Público no se da abasto, porque UECDE no tiene suficientes fiscales y muchas veces llaman de otras unidades para que los apoyen, pero estos no tienen experiencia en investigar delitos fiscales.
Al realizar ese tipo de investigaciones también se encuentran con una serie de obstáculos, como falta de credibilidad en los testigos y no hay evidencia para continuar con el proceso.
Al final, comentó, el problema es cómo se organizan las elecciones y quiénes están detrás, ya que son los mismos partidos políticos, generando problemas, como el actual, en especial en las primarias.
"Generalmente los partidos que más impugnan son los más desorganizados, como Libertad y Refundación (Libre), que es el que más impugna y esa desorganización crea problemas de falta de credibilidad en los resultados y oportunidades para realizar fraude", dijo Ramírez.
Lamentó que los movimientos con más recursos económicos son los que tienen prácticas fraudulentas, que no precisamente se dan el día de las elecciones, sino que desde antes.
Ramírez consideró que son pocas las personas en todos los niveles que han terminado en la cárcel por haber cometido delitos electorales, pues “en el proceso anterior hubo una persona que terminó en la cárcel, pero al final ese es un tema de los partidos políticos”, insistió.
"La mejor salida para evitar este tipo de crisis es trabajar en reformas que permitan ciudadanizar las JRV y el CNE , porque todo estos que se está viendo es por la enfermedad de la politización de los organismos electorales", sugirió.
Consideró que así como están sucediendo las cosas es probable que se genere una crisis muy grande en las elecciones generales, como lo que pasó en 2017 y lo mejor es ciudadanizar las JRV.
Con eso se garantizará que los representantes de las JRV sean ciudadanos elegidos por medio de un sorteo y que residan en la zona donde está el centro de votación.
"Los seleccionados tienen que aportar porque se toma como un trabajo social y en otros países una obligación legal, pero les pagan por esa labor", recordó.
