TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por 3,284,704 votos válidos en la elección general del 2017, el Estado de Honduras les canceló a los partidos políticos un total de 197,564,441 lempiras por concepto de deuda política. El costo de cada sufragio fue de 59 lempiras por lo cual la cifra no cuadra, por una diferencia de 3,766,905 lempiras.
Esto solo es una parte del alto precio que —con el fin de mantener su frágil democracia— el pueblo hondureño paga a los partidos políticos que a largo de los últimos 39 años han hundido al país en el caos, la pobreza y la desesperación. El valor de 59 lempiras por voto válido se mantendrá para estas elecciones generales del 2021, lo que significa que el nuevo monto a pagar será similar o presentará una ligera variación con tendencia al alza.
En cada elección la deuda política ha aumentado; por los resultados en las elecciones de noviembre de 2013 se pagaron 130,988,812 lempiras, o sea que en 2017 incrementó en 66.5 millones.
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Augusto Aguilar, expresidente del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), hoy Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que el valor de “59 lempiras fue lo que se pagó la vez pasada (2017), entonces ahora quedó un artículo transitorio (en la nueva ley electoral) que esta vez, en el 2021, se les va a pagar lo mismo, pero ya para el futuro hará otro cálculo el Consejo Nacional Electoral”.
Además, ya quedó establecido que de ahora en adelante ya no se va a pagar el 15 por ciento. “Va a depender de la cantidad de votos que saquen. Eso es lo correcto en todas partes del mundo, esto se llama principio de equidad que es darle a cada quién lo que le corresponde”, sostuvo Aguilar.
A su criterio, la fórmula anterior “fue un incentivo para que se crearan tanto partido político porque era un negocio redondo”.
Con los cambios aprobados en la nueva Ley Electoral, divulgada en La Gaceta recientemente, los partidos mayoritarios obtendrán más dinero, los partidos minoritarios se hundirán en la miseria económica, pero también se evitará el surgimiento de partidos de maletín que se registraban para participar en las elecciones nada más por el dinero, fomentando el fraude, irrespetando la voluntad popular y resquebrajando la débil democracia.
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El negocio
El artículo 82 de la derogada Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establecía que la contribución financiera otorgada por el Estado a los partidos políticos se haría de acuerdo al pago de 20 lempiras por cada sufragio válido que obtuvieran en las elecciones generales, no obstante, las autoridades del organismo electoral pagan a 59 lempiras el voto.
Asimismo, la normativa ordenaba que ningún partido político recibiera menos del quince por ciento “de la suma asignada al partido político que obtenga el mayor número total de sufragios, salvo que este haya obtenido menos de diez mil (10,000) votos en su nivel más votado”.
Esta determinación golpeaba a los partidos con mayoría de electores y beneficiaba a las entidades de bajo caudal de votantes.
Según datos del CNE, el Partido Nacional en la última elección obtuvo 1,410,888 votos válidos que multiplicados por 59 lempiras daba la suma de 83,242,392 lempiras, pero solo le pagaron 61,154,492 lempiras.
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Mientras que el partido Unificación Democrática (UD) a duras penas sacó 4,633 votos, sin embargo, gracias al 15 por ciento antes mencionado, recibió de deuda política 9,173,173 lempiras, o sea que por cada voto que obtuvo se le pagó 1,980 lempiras.
Otro caso es el de la Alianza de Oposición contra la Dictadura (Libre-Pinu) liderada por Salvador Nasralla que sacó 1,360,442 votos, por lo cual, a 59 lempiras el voto, le correspondía 80,266,078, pero solo le dieron 53,4 millones: 44,797,925 a Libre y 8,653,840 al Pinu.
Por el contrario, al Partido Vamos que solo sacó 3,003 sufragios le pagaron 9,173,173 lempiras, esto hace que cada uno de los votos tuvo un retorno de 3,054 lempiras.
Esta modalidad de pago había hecho de las elecciones generales un lucrativo negocio no solo con los sufragios, sino también con las credenciales.
En las elecciones generales del 2017 participaron 10 partidos —varios de ellos totalmente desconocidos— y dos candidaturas independientes.
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Desaparición
Para el sociólogo y analista Eugenio Sosa, los partidos mayoritarios —Nacional, Libertad y Refundación (Libre) y Liberal— “hicieron una ley muy calculada a su favor, eso les beneficia por el caudal que tienen y además tendrán otros recursos destinados para capacitación”.
Con los cambios los partidos pequeños van a entrar en problemas de capacidad financiera ya que su subdesarrollo político también significa falta de capacidad de financiamiento. “Es un duro golpe, pero también es bueno que se dé porque no se puede estar creando partidos solo por la deuda política”, rememoró el analista.
“La verdad es que estos partidos querían tener dinero, pero iban retrocediendo. Obtener tres mil votos es una obscenidad para un partido político que no tiene ni gente para cubrir las mesas electorales”, señaló Sosa.
Para él, el enorme gasto que el Estado realiza para sostener la democracia es positiva en la medida que permita elecciones limpias, que generen estabilidad social, que se obtengan buenos gobiernos que actúen en el marco del respeto de la ley y de los cánones democráticos.
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