Los apuros en el pago de salarios se evidenció en distintas secretarías y otros entes del Estado, especialmente en Educación, Salud, Seguridad, Hondutel y Empresa Nacional de Energía Eléctrica, entre otras.
Se volvió común observar en las calles a los docentes, médicos y enfermeras, y empleados de otras instituciones, reclamando el pago de salarios.
Igual reclamo se presentó en otros sectores que reclamaban dotación de servicios, como pacientes, discapacitados y veteranos de guerra.
Instituciones como la ENEE se declararon técnica y económicamente en quiebra; similar situación enfrenta Hondutel.
El gobierno y el Congreso Nacional buscaron las medidas para enfrentar la crisis al no encontrar respuestas positivas y reconocer un fracaso en la recaudación de impuestos, combate a la defraudación fiscal y reducción del gasto público.
