Tegucigalpa, Honduras.- Jubilar a los maestros con la ley 1026-1980 afectaría drásticamente la estabilidad financiera y actuarial del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema).
Luego del fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los docentes se regresa el derecho a unos 20,000 profesores para jubilarse bajo la ley anterior, lo que significa que los maestros se jubilarán a los 50 años.
Las autoridades del Inprema consideran que aunque la sentencia esta conforme a derecho y deja un precedente importante para garantizar derechos a los trabajadores del país, causaría un impacto de al menos 130,000 millones de lempiras en las finanzas del instituto.
Héctor Díaz, comisionado presidente, explicó que el fallo dado a conocer este jueves 12 de diciembre duplicaría los compromisos del instituto de previsión, lo que pondría en riesgo su estabilidad financiera.
“De acuerdo a nuestro panorama creemos que requeriríamos al menos el doble de los recursos que tenemos; en este momento tenemos 65,000 millones de lempiras que son activos reales, tenemos un déficit de 30,000 millones, por lo tanto, el compromiso total es de 95,000 millones, y con este cambio el compromiso seguramente subirá a unos 130,000 millones de lempiras”, detalló.
Escenarios
Lo anterior es uno de varios escenarios que contemplan los comisionados, por lo que solicitarán a la CSJ que les aclaren algunos puntos de la sentencia para tener mayor claridad sobre la realidad de cuáles serían las afectaciones.
“Estamos redactando un documento a la Corte para que nos aclare dos elementos de la sentencia que no están claros para nosotros en términos del retiro”, dijo Díaz.
La primera aclaración esta enfocada en conocer si todos los maestros que hagan la solicitud de jubilación lo podrán hacer bajó la ley de 1980, aún y cuando la ley de 2011 les beneficie más.
Actualmente son cerca de 12,000 profesores que cotizaron con la ley de 1980 y que están en edad de jubilar, además de unos 8,000 que ingresarían a revisión para comenzar su jubilación, es decir que son unos 20,000 docentes a los que abarca el falló de la Corte.
La segunda aclaración es sobre la planificación presupuestaria que ordena la sentencia hacer al instituto.
”Para nosotros es importante que nos aclaren si esa planificación debe estar en función de esa solvencia patrimonial que tiene el instituto o no se debe tomar en cuenta, porque eso haría una gran diferencia en la sobrevivencia del Inprema”, afirmó.
Si el fallo toma en cuenta la solvencia patrimonial que actualmente tiene el Inprema simplemente para cumplirlo las autoridades deberán crear un plan de retiro programado para los maestros que cotizaban con la ley de 1980.
”Si le permiten a la institución programar financiera y actuarialmente el retiro de esos profesores no hay ningún problema porque empezaremos a modular sus rentabilidades, sus sistemas de ahorro, sus sistemas de capitalización, entre otros”, indicó.
Por el contrario, si el fallo no toma en consideración eso, las autoridades se verán en la obligación de tomar recursos del fondo de reserva de pensiones para cumplirle a los profesores, lo que afectaría drásticamente la estabilidad del Inprema, aseguró el comisionado presidente.
Los expertos de Inprema trabajan en varios modelos financieros y actuariales basados en los escenarios posibles que trae el fallo.
Los comisionados aclararon que la resolución de la CSJ no es una declaración de inconstitucionalidad la ley de 247-2011, por lo que la ley del 2011 sigue vigente en Inprema.
Reformas actuales
La sentencia que emitió la CSJ obliga a las autoridades hacer ajustes a la propuesta de reforma a la ley del Inprema que actualmente se encuentran en el Congreso Nacional.
Algunos de los ajustes que se deben hacer, consideran los representantes de la Asociación de Participantes y Aportantes (APA) del Inprema, son incluye revisar los aspecto técnicos del retiro y mejorar los financieros, es decir, el fondo de reserva de pensiones.
”Hoy más que nunca es necesario tener la posibilidad de fortalecer financieramente el fondo de reserva, por que es el que va tener que responder a compromisos futuros nuevos”, dijo Gerardo Solano representante de la APA, por el Colegio Profesional Unión Magisterial (Coprumh).
Con el regreso de la ley de 1980, los maestros exigen a los diputados que aprueben los más pronto la propuesta de reformas que fueron enviadas a la cámara legislativa desde agosto de este año.
