TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La promulgación de la Ley Senatorial SB4 traerá graves consecuencias a cientos de hondureños que viven en el estado de Texas, Estados Unidos, y otros que pretendan ingresar ilegalmente a través de esa frontera.
La normativa califica como delito estatal el ingreso ilegal de migrantes a Texas, dando pie a que puedan ser capturados, acusados por un delito menor y hasta un delito grave, en caso de que sea reincidente.
La legislación, que fue impulsada por el Greg Abbott, autoriza a jueces a deportar migrantes basándose en sospechas, incluso hasta por su apariencia.
La puesta en marcha de la legislación ha despertado una preocupación en la comunidad migrante que reside en Estados Unidos.
“Estamos sumamente preocupados y más con la experiencia que está pasando en la Florida, esto va a traer una movilización interna hacia otros estados. Nos preocupa que no tengamos una atención consular con abogados que nos asesore, esperamos que el gobierno entienda que necesitan una ayuda”, admitió Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
En cuanto al número de hondureños que reside en Texas, Flores apuntó que “ese estado es grande y es donde se concentra la mayoría de hondureños, hay más de medio millón de hondureños y el 30 por ciento sí cuenta con papeles, por lo que poco más de 150 mil no está de manera legal”.
Reconoció que la normativa dará la pauta para detener a quienes ya viven en Texas, algo que genera más pánico en la diáspora.
“Algunos por miedo tendrán que hacer un desplazamiento interno, pero nosotros seguimos abogando que haya una orden ejecutiva del gobierno. El migrante camina con miedo y ya con una ley caminan con pánico, son personas que vienen a buscar el sueño americano.
Desde el gobierno también rechazaron la medida y afirmaron que los consulados estarán a la disposición para que la comunidad hondureña pueda abocarse.
“Son leyes tan duras que prácticamente lo que buscan es que una vez capturado el migrante se les deporte, pero debe haber un procedimiento. Se ha instruido a los consulados estar pendientes de respaldar a nuestros nacionales y lamentamos que se tomen estas medidas cada vez más duras”, declaró el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina.
Lamentó que “toda medida que vaya en contra de nuestros migrantes no son medidas que deberían tomarse y lo que haremos es que daremos asesoramiento a nuestros compatriotas”.
En tanto, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) amenazó con demandar al gobernador Abbott, calificando la medida como “una de las leyes antiinmigrantes más severas adoptadas ya que permitiría a las autoridades locales solicitar documentos a cualquier persona en cualquier lugar”.
