Honduras

21% de conflictos sociales en 2023 los provocó el gobierno y Libre, señala ASJ

El informe indica que de 482 conflictos sociales, 104 ocurrieron por el gobierno o militantes Libre; SEDH afirma que el informe es un ataque político
28.05.2024

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 21% de los conflictos sociales ocurridos en el país, en 2023, fueron propiciados desde la institucionalidad, o sea, desde el gobierno, según análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

Durante el año anterior se registraron 482 problemas ligados al estado de derecho, institucionales, políticos, económicos y electorales. De estos conflictos, según la ASJ, 292 tuvieron que ver con el estado de derecho, 94 con aspectos institucionales del gobierno, 76 meramente políticos, 19 concernientes a aspectos económicos y uno por conflictos electorales.

Lo alarmante y que señala esta institución de veeduría social, es que 104 de las 482 problemáticas fueron originadas directamente por el oficialismo o los militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre).

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Riñas por el Estado de derecho

De los 292 inconvenientes relacionados con el Estado de derecho, 35 fueron generados por militantes activos de Libertad y Refundación. Estos problemas ocurrieron entre grupos sociales y actores estatales que estaban llamados a cumplir y hacer cumplir las leyes (policías, militares, jueces, fiscales, etc.).

El Estado es el como garante de la vida e integridad, propiedad privada y aplicación de la ley y no cumplió con estas prerrogativas, dice la ASJ.

Además, 18 de los 94 altercados en instituciones gubernamentales fueron ocasionados por el oficialismo, o sea, desde lo interno del mismo gobierno de Xiomara Castro.

Estos se produjeron por la calidad o entrega de los de los servicios públicos y la capacidad de respuesta gubernamental a las necesidades básicas de la población.

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Por otra parte, la ASJ argumentó que, del total de los conflictos relacionados con la política nacional, ocurridos en el 2023, fueron generados desde el propio oficialismo.

Entre estos están las disputas de poder en el Congreso Nacional y las riñas entre los denominados colectivos de Libertad y Refundación.

En gran medida, la economía nacional se vio afectada por la convulsión social registrada el año anterior. De acuerdo con el estudio presentado por la ASJ, tres de las 19 grandes problemáticas en temas económicos fueron originadas desde la institucionalidad de la actual administración.

El juicio de JOH

Y para cerrar con esta tesis, un solo evento social en materia electoral se produjo en el mes de abril de 2023; éste estuvo relacionado con el juicio contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, ventilado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Los enfrentamientos personales entre simpatizantes del exmandatario y la oposición política al Partido Nacional, en torno al enjuiciamiento marcó un problema social más en el país.

De los 482 conflictos registrados en 2023, un total de 248 se concentraron en Francisco Morazán (51%) y 31 en Cortés, seguidos de Colón con 22 casos, Atlántida con 15 eventos, Yoro con 14 problemáticas y Olancho con 11 desavenencias.

Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la ASJ, agregó que “es urgente dejar de utilizar los discursos de odio como una herramienta que genera conflictos”, en referencia a las manifestaciones públicas de funcionarios del actual gobierno.

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Es un ataque a la presidenta, dice el gobierno

Desde el gobierno rechazaron enérgicamente el informe y aseguran que lejos de contribuir en el avance del goce de los derechos humanos de los hondureños, contribuye a los intereses oscuros de grupos fácticos.

“Es importante señalar que el estado de derecho no ha existido en nuestro país y de hecho ha sido vulnerado constantemente por parte de gobiernos dictatoriales”, expresó la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez.

La funcionara aseguró: “Nos preocupa un poco el informe que presenta la ASJ, por que lejos de reconocer los avances que sí ha tenido este gobierno y todos nuestros aciertos para trabajar en pro de las garantías y respeto a los derechos humanos, al contrario, este informe es un ataque político contra el gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.

Según Álvarez “es político porque carece de credibilidad y de confianza en los datos mismo que ellos (la ASJ) señalan”