TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La ex primera dama de Honduras, Ana García, publicó un comunicado donde rechaza las acusaciones hechas contra su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández, por parte de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
“Esto ratifica lo que hemos sostenido durante este tiempo: Juan Orlando es víctima de una persecución y conspiración política”, asegura García de Hernández en la misiva que compartió la mañana de este jueves en sus redes sociales.
Con esta acusación, menciona, se confirma la persecución que por años se ha denunciado, porque en esta ocasión es sobre “un caso donde el Poder Judicial en sus diferentes instancias ya se ha pronunciado librando de responsabilidad a varios de los procesados en ese expediente y durante ese proceso nunca se mencionó a mi esposo o se le citó a declarar”.
Ana detalló que fue ella misma quien le contó sobre esta nueva acusación en su contra al exmandatario y que este se sorprendió al conocer la noticia.
“He puesto en conocimiento a mi esposo Juan Orlando Hernández sobre esta acusación. Sorprendido de esto, porque es una línea de investigación que desde el 2018 maneja la UFERCO (antes UFECIC) y nunca antes, en más de cinco años habían mencionado o presentado algo contra mi esposo”, menciona.
“Ahora estando ausente, sin poder ejercer su derecho a defensa material, Juan Orlando sigue siendo víctima de violaciones a sus derechos, siendo perseguido políticamente a través de una serie de ataques en contra suya y de nuestra familia, como parte de un guion de ataque y linchamiento político”, reitera.
Finalmente, la ex primera dama informó que Hernández le pidió que instruyera a sus abogados definir la estrategia legal de defensa ante esta nueva “persecución política”.
UFERCO acusó a expresidente Hernández en Pandora II
De acuerdo a la investigación de la UFERCO, la acusación del expresidente Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Utilizando la creación de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus compañas departamentales.
En este caso también fue acusado el exmandatario Porfirio Lobo Sosa, el exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit.
Además los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
