TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jueza del Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Lidia Marlene Martínez Amador, ordenó el embargo de dos cuentas bancarias a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) para obligarla a pagar 45,126,925 lempiras de lo que resta de un cuestionado arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas.
Este instrumento fue expulsado del ordenamiento jurídico el 5 de febrero del año 2009 luego que se publicara en el diario oficial La Gaceta número 31,830 la sentencia de fecha 28 de marzo del año 2006, proferida en el recurso de inconstitucionalidad registrado ante la Sala de lo Constitucional bajo el número 557-2005 que declaró la inconstitucionalidad del decreto 78-2001 que daba rango de ley al mencionado arancel.
A pesar de ello, el 6 de marzo del año 2013, el abogado Guillermo Escobar Montalván, en representación de 90 docentes, así como de exautoridades y actuales autoridades universitarias, demandó a la UNA por la cantidad de 97,240,710.45 lempiras alegando salarios adeudados entre enero de 2009 y mayo de 2011 por concepto del arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas y el salario mínimo aprobado en 2008.
El 24 de marzo de 2015, Escobar amplió la demanda por 85 millones de lempiras más. Las entonces autoridades universitarias, actuando como demandantes y como representantes de la entidad demandada, acordaron hacer una sola cuenta por 164,216,334.19 lempiras, según el expediente judicial número 196-CPC-2013.
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Una vez que la Comisión Interventora de la UNA —dirigida primero por Marcial Solís y posteriormente por el militar retirado Andrés Felipe Díaz— se hizo cargo del centro educativo, se dejó de pagar lo que faltaba del arancel, que era una cantidad aproximada a los 27 millones, pero que ahora el abogado reclamante dice que son 45,126,925 lempiras.
El 10 de diciembre de 2019, Martínez Amador ordenó el embargo de las dos cuentas bancarias, por lo que la defensa de la UNA interpuso un recurso de apelación que la misma jueza resolvió el pasado 20 de agosto dictaminando sin lugar, validando con ello la ejecución del embargo.
Ahora el expediente del caso, tras un reclamo de la parte afectada, la jueza está obligada a remitirlo a la Corte de Apelaciones para que tres magistrados lo revisen y dictaminen si lo actuado en primera instancia está conforme a ley.
Según la resolución de embargo, 36.101,540.30 son por concepto de capital adeudado y 9,025,385.07 por incremento del 25% para cubrir pago de los intereses devengados y las costas ocasionadas durante la ejecución del juicio. La medida cautelar recaerá sobre las cuentas bancarias número 9100023184 y 9100023192 a favor de la Universidad Nacional de Agricultura.
Actualmente la aplicabilidad o no de este arancel viene siendo ventilado tanto por la vía civil como por la vía penal, una vez que en febrero de este año el Ministerio Público, tras encontrar irregularidades en el otorgamiento del aumento salarial, presentó requerimiento fiscal contra el entonces rector Marlon Escoto y 18 exdirectivos de la Universidad Nacional de Agricultura.
Empero, el juzgado de primera instancia otorgó sobreseimiento definitivo a los acusados, sin embargo, la Fiscalía interpuso el respectivo recurso de apelación, por lo cual el caso sigue abierto en materia penal.
Sigue la piñata
En el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas todo mundo quiere garrotear la piñata de la UNA.
Hasta principios de agosto en el expediente del caso del arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas —que son docentes, exdirectivos y actuales directivos de la Universidad de Agricultura— solo el abogado Escobar Montalván aparecía como parte del juicio en representación de los demandantes, no obstante, el 26 y 27 de agosto reciente, extrañamente aparecieron en el expediente judicial que está en el juzgado tres recibos de tres abogados reclamando honorarios por un monto de 6.266,261.46 lempiras.
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Los recibos están a nombre de los abogados Rodney Alexis Ham Guzmán, César Danilo Martínez y Douglas Moisés Ramírez y cada uno de ellos reclama un pago de 2,088,753 lempiras por concepto de honorarios profesionales en juicio de docentes contra la Universidad Nacional de Agricultura.
El año pasado, en este mismo Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, otros 66 docentes de la UNA presentaron una nueva demanda contra su misma institución empleadora reclamando la cancelación de 115 millones de lempiras por pago del arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas, sin embargo, como el caso cayó en manos de otro juez, la petición no fue admitida.
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Conflicto de intereses
El rector de la UNA, Wilmer Reyes, quien también aparece como demandante de la universidad por este mismo arancel, sostuvo que el caso se está llevando por la vía civil y por la vía penal y que “las dos cosas son vinculantes”.
“En esta cuestión uno debe aprender de las cosas del contexto, aquí hay un asunto de conflicto de intereses, hay una situación que se está ventilando en la fiscalía; no del arancel, porque el arancel aquí no está en discusión, nunca ha estado en discusión, está publicado en La Gaceta, pero sí hay un asunto de conflicto de intereses, es decir, cuando la parte interesada resuelve sobre un asunto que tiene interés”.
Esta cuestión viene desde el 2009. “El abogado (Escobar Montalván) utilizó un poder de allá del 2009. A nosotros nadie nos consultó, a menos los que estamos de directivos no se nos consultó.
'¿Qué fue lo que nosotros hicimos cuando nos dimos cuenta de esa cuestión? Inmediatamente llamamos al abogado, le manifestamos nuestro desacuerdo con eso, e inmediatamente redactamos una nota, la firmamos, que nosotros no estamos de acuerdo con esa cuestión y eso está en los juzgados”, relató.
¿O sea que entonces usted no ha recibido un centavo por este arancel?, se le consultó al rector, quien respondió: “En este momento no, en el pasado sí”.
El funcionario negó estar negociando con la jueza para hacer el pago. “No hay negociación con las autoridades de justicia, pero el departamento legal (de la UNA) debe decirnos qué implicaciones habrá si se paga el dinero que falta, ellos darán recomendaciones. Obviamente es algo que hay que verlo jurídicamente porque se trata de un asunto bastante complejo”.
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“Estamos pidiendo a Asesoría Legal que haga una ilustración sobre las posibles acciones, los posibles escenarios y las consecuencias de cada determinación. Lo que sí es cierto es que la universidad y sus autoridades tomarán las decisiones que correspondan en el marco del mejor interés institucional. Este es un asunto bastante complejo porque la gente puede incurrir en responsabilidad por acción y también por omisión”, añadió Reyes.
El rector aseguró que el caso debe seguir su curso legal en las instancias de justicia.
EL HERALDO conoció que debido a que la jueza conocedora del caso deniega todas las peticiones de la defensa de la universidad, esta ya presentó el recurso de queja ante la Corte Tercera de Apelaciones de Francisco Morazán, quien ahora deberá determinar si lo actuado por Martínez Amador está apegado a la ley o no.
El abogado Óscar Orlando Sevilla, apoderado legal de la UNA, sostuvo que él llevará la defensa hasta las últimas instancias judiciales, donde espera una resolución favorable a la universidad.
