La lista de demandados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) la encabeza el exrector Marlon Oniel Escoto, así como exvicerrectores, exsecretarios generales y otros miembros del Consejo Directivo entre 2008 y 2016.
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A los requeridos, la Fetccop los acusa de los delitos de abuso de autoridad y abuso de autoridad en concurso real, respectivamente.
En enero de 2018 la Unidad Investigativa de EL HERALDO expuso con detalles cómo las entonces autoridades y 90 docentes de esa casa de estudios superiores, ubicada en Catacamas, Olancho, montaron una trama alrededor de un arancel de los profesionales de las ciencias agrícolas que había sido declarado inconstitucional en 2006 y sobre un salario mínimo aprobado en 2008.
Con estos argumentos le sacaron a la UNA 164. 2 millones de lempiras. De esta cantidad, solo los últimos 27 millones fueron bloqueados por la Comisión Interventora.
Maniobra
El 2 de febrero de 2009 el entonces rector Marlon Escoto, el vicerrector académico José Trinidad Reyes, el vicerrector administrativo José Antonio Ramírez, el secretario general Gustavo Alonzo Ardón y 90 docentes más de la UNA contrataron a Guillermo Antonio Escobar Montalván como apoderado legal.El 2 de febrero de 2011, Escoto -en segundo período como rector- esta vez junto con el nuevo vicerrector académico Francisco Javier Medina, el vicerrector administrativo José Antonio Ramírez, el secretario general Óscar Ovidio Redondo y los 90 docentes le otorgaron a Escobar poder para pleitos.
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Tres meses después, el mismo Escoto le concedió al abogado Héctor Federico Cornejo poder para que representara legalmente a la UNA. El 6 de marzo de 2013, Escobar demandó a la UNA por la cantidad de 97,240,710.45 lempiras, alegando salarios adeudados entre enero de 2009 y mayo de 2011 por concepto del señalado arancel y el salario mínimo aprobado en 2008. El 24 de marzo de 2015, Escobar amplió la demanda por 85 millones de lempiras, alcanzando la cifra 164,216,334.19 lempiras.
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Investigada
El caso cayó en el escritorio de Lidia Marlene Martínez Amador, jueza del Juzgado de Letras, seccional de Catacamas. La Inspectoría de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia investigó a esta jueza y en el informe 0801-2017-00206, explicó que ella “no tenía competencia genérica, ni competencia objetiva, ni competencia funcional, para conocer este proceso”.El documento señala que Martínez Amador inobservó el debido proceso desde el mismo inicio de sus actuaciones en el expediente de mérito.
Como se trataba de una demanda que tenía su origen en una resolución que procede de un acto administrativo, el caso debió ventilarse en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, dice la investigación.
Asimismo señala que en el caso la defensa de la universidad únicamente le apostó a dos acuerdos extrajudiciales de pagos que luego fueron homologados en el juzgado. La homologación se realizó porque las dos partes estaban de acuerdo, “el abogado de la parte demandada no peleó nada, sino que de entrada traía el acuerdo conciliatorio”, explicó en su momento Irma Suyapa Romero, secretaria general del juzgado.
El informe de Inspectoría fue remitido a la Fiscalía para Enjuiciamiento de los Servidores Públicos, que a la fecha no tiene ninguna acción contra la jueza. Igual, la dirección de la carrera judicial le realizó audiencia de descargo, pero se desconoce sanción alguna.
Según fuentes en la universidad, Martínez Amador aún sigue conociendo el caso y en diciembre de 2019 ordenó el embargo de dos cuentas bancarias de la UNA para que la Comisión Interventora pague los 27 millones de lempiras que restan para completar los 164.2 millones.
