TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reciben visitas constantes de sus familiares y algunos de ellos tienen acceso hasta a dispositivos electrónicos, y en muchos de los casos siguen delinquiendo.
Se trata de privados de libertad condenados por delitos como asesinatos, tráfico de drogas y extorsión, que con maniobras legales han logrado que jueces los envíen a cumplir su pena en Hospital Psiquiátrico Santa Rosita y no en una celda.
Solamente en ese centro asistencial, existe un censo de 46 privados de libertad que pagan sus castigos argumentando patologías relacionadas con la demencia, psicosis, bipolaridad, entre otros.
Las leyes hondureñas otorgan la facultad a los jueces, con base a estudios forenses y dictámenes psiquiátricos a dictar medidas de internamiento en hospitales psiquiátricos a privados de libertad.
Los datos examinados por este rotativo muestran que privados de libertad, en algunos casos, ya tienen su vida hecha en el hospital psiquiátrico, pues acumulan entre ocho, 10 y hasta 17 años de estar internos, según el censo oficial.
Un ejemplo de esto es el caso de Héctor Gómez, un sujeto condenado asesinato que ingresó al Hospital Santa Rosita por el delito de parricidio en marzo de 2007 y ahora ya suma 17 años y cuatro meses interno en este hospital.
Así como él, otra decena de implicados en crímenes cumplen hasta más de cinco años de estar en este hospital psiquiátrico.
Los documentos detallan que el 98% de los hombres en el censo no cuentan con una custodia asignada.
Exhortan una investigación
Ante las sospechas de que hayan recibido favores legales de jueces, para la sociedad civil es alarmante que imputados de asesinatos y traficantes estén como pacientes judiciales y no en una prisión de máxima seguridad por lo que exhortan una profunda investigación.
“Llama poderosamente la atención que ciertos individuos, cuyos delitos refieren a extorsión y portación ilegal de armas; hay que analizar el trasfondo de estos casos”, manifestó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Maltrato familiar, homicidio, asesinatos, extorsión, son los principales delitos por los que estos pacientes judiciales están privados de libertad, pero cumpliendo su condena internos en hospitales psiquiátricos, en este caso el Santa Rosita.
Castañeda recomendó que “haya una mejor observancia de esta medida y los protocolos internos para que este tipo de personas no estén llegando si de verdad no tienen esa condición psiquiátrica”.
El experto expresó preocupación porque de acuerdo al censo elaborado en la primera quincena de enero de 2024, en los perfiles de los pacientes judiciales o el delito por el cual pagan la condena “no se mira una condición psiquiátrica que fomente incidir en este tipo de delitos”.
No obstante, las autoridades del hospital Santa Rosita explicaron que los ingresos y egresos de pacientes judiciales no están en manos de ellos, pues todo se hace a través de un proceso legal y un fallo que emiten los jueces.
“Los distintos juzgados del país emiten las órdenes y esas órdenes las traen y se hace el ingreso respectivo. Luego, cuando este paciente está bien se le informa al juzgado del cual el paciente es procedente y el juzgado tiene que dar la orden de sacarlo”, explicó Josué Cáceres, director del Santa Rosita.
Cáceres aclaró que los ingresos y egresos son meramente decisiones de los jueces de los juzgados del país.
Ante esto, Nelson Castañeda instó a que “se espera que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen de la mano para contar con dictámenes suficientemente respaldados para determinar esta medida de traslados a estos centros de internados”.
El director del centro no descartó que ingresar a los pacientes sea una estrategia para posteriormente ser liberados.
“En muchos casos ellos sí tienen una patología psiquiátrica. Es muy difícil determinar si el paciente realmente pueda estar simulando porque algunas personas pueden simular alguna patología para beneficiarse en algún proceso judicial”, declaró Cáceres.
“¿Por qué a un asesino se le puede dar el beneficio de estar en un hospital sin necesitarlo? ¿Por qué los jueces no muestran las pruebas necesarias para otorgar esta medida?”, preguntó la experta Gabriela Celeste Mendoza.
Los diferentes juzgados de Cortés, Atlántida, Yoro y Francisco Morazán son los que más emiten órdenes para que los privados de libertad pasen a los hospitales.
Millonaria manutención
No solo los criminales y extorsionadores gozan de libertades en el centro hospitalario, sino que el Estado eroga diariamente unos 1,300 lempiras en cada uno de ellos, según el director Josué Cáceres.
Tomando en cuenta los 1,300 lempiras que se gastan diariamente en un paciente judicial y al multiplicarlo por 47,078 días que acumulan los 42 privados de libertad en el Santa Rosita, deja como resultado que en total se ha gastado L 61, 201,400 por tenerlos ahí.
“Cualquier paciente en este hospital el aproximado es 1,300 lempiras diarios lo que le cuesta al Estado de Honduras”, dijo el director del Santa Rosita.
“Evaluación de psiquiatra, servicio de enfermería, trabajo social, psicología, terapia, alimentación, insumos, laboratorios y demás”, detalló el director que son los servicios que los pacientes judiciales reciben.
