TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La disparidad en la carga laboral entre los Juzgados en Materia de Corrupción, Competencia Nacional y Extorsión obligó a las máximas autoridades del Poder Judicial (PJ) a replantear la distribución del trabajo entre esas jurisdicciones para eficientar el uso del recurso humano y económico.
Las desigualdades en cuanto a la cantidad de expedientes que ingresaban a uno y a otro juzgado estaba propiciando una enorme y hasta peligrosa mora judicial en un juzgado. Entre tanto, una exigua cantidad de expedientes recibidos en otros tribunales provocaba el desperdicio o inutilización del recurso humano existente.
Los datos recabados por el Poder Judicial detallan que entre el año 2018 y febrero del 2023, los Juzgados de Letras en Materia de Corrupción, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, recibieron entre ambos el ingreso de 65 expedientes judiciales.
En ese mismo lapso, los Juzgados de Letras con Competencia Nacional tuvieron el ingreso de 430 casos. Mientras que los Juzgados en Materia de Extorsión, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, contabilizaron el ingreso de 1,952 expedientes judiciales por esa causa y otros delitos conexos.
Estos valores nominales, que suman los 2,447 casos, reflejan que en términos porcentuales el Juzgado de Letras en Materia de Corrupción sólo recibió el 3% de ellos, Competencia Nacional el 17% y Extorsión el 80% de los expedientes.
Pero la gran diferencia se refleja en el hecho de que las tres jurisdicciones del Poder Judicial -hasta hace unos días- contaban con similar cantidad de jueces e igual número de personal auxiliar, sin embargo, la carga laboral distaba mucho entre uno y otro.
Costos bastante elevados
Esta situación derivaba en que una sentencia en los tribunales dedicados a conocer casos de corrupción llegó a costar en su momento al Estado de Honduras un total promediado 3,636,691 lempiras.
¿A qué se debió esto? Debido a que los Juzgados en Materia de Corrupción en 2018 sólo registraron el ingreso de dos expedientes judiciales y el Poder Judicial reportó que justo en ese año invirtió en pago de personal, logística y demás, un total de 7,273,382 lempiras.
Julissa Aguilar, ahora magistrada del Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, respaldó la tesis de las diferencias en la carga laboral que se dieron en los últimos cinco años.
“Las razones fueron porque en principio en el Tribunal de Sentencias y en el Juzgado de Letras de Corrupción no habían ingresos. Estuvo paralizado prácticamente durante nueve meses sin que le entrara un sólo requerimiento fiscal”, precisó Aguilar.
Agregó: “Esto implicaba que todo el Circuito de Corrupción, hablamos de magistrados, jueces y Tribunal de Sentencias, absolutamente todos estaban paralizados; tenían trabajo pendiente de sacar, pero no tenían nuevos ingresos”.
Esto originó que el costo de los casos que se ventilaron en estos juzgados y que llegaron a una sentencia definitiva fueran muy elevados.
Aguilar confirmó que “en el año 2018 el costo (de una sentencia) rondaba en los 7.2 millones de lempiras, porque en esa época estaban empezando (los Juzgados de Corrupción), luego fue disminuyendo, pero ya en el año 2022 el costo subió nuevamente a 2.6 millones de lempiras, que costó una resolución del Tribunal de Sentencia de Corrupción”, detalló.
De 2018 a febrero 2023, los Juzgados de Corrupción emitieron 47 sentencias de los 65 expedientes que conocieron en ese período de tiempo, siendo el año 2021 el de mayor producción, con 28 sentencias.
La otra cara de la moneda
La disparidad de costos fue tan evidente entre una sentencia de un caso de corrupción y una de extorsión que en 2018 los expedientes conocidos y, algunos finalizados, sobre delitos de extorsión y conexos le costaron al Estado 154,054 lempiras, frente a los más de siete millones que se invirtieron en los dos casos en corrupción. Los valores siguieron reduciéndose en materia de extorsión al grado de que en 2021 una sentencia valió 45,545 lempiras.
“Extorsión estaba muy saturado, muy cargado de trabajo y con mucha mora, en cambio Corrupción estaba con menos carga laboral por la ausencia de requerimientos fiscales”, explicó Aguilar.
Es precisamente por esa mora judicial y carga excesiva de requerimientos fiscales que muchos miembros de maras y pandillas quedaron en libertad al vencerse la prisión preventiva debido a que los jueces no se dieron abasto.
Un nuevo circuito
Es por esa razón que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en los últimos meses crear el nuevo Circuito Judicial en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, para unificar los juzgados y compartir la carga laboral.
Entonces, el nuevo circuito contará con ocho jueces para el Juzgado de Letras, en Tegucigalpa y San Pedro Sula; cinco salas para el Tribunal de Sentencia en la capital y una más en la ciudad industrial.
De igual manera, el Juzgado de Ejecución contará con al menos tres jueces y funcionarán dos salas para atender los expedientes en la Corte de Apelaciones de esta jurisdicción del Poder Judicial.
La estrategia servirá, según los servidores de este poder del Estado, para disminuir los costos operativos y una mejor utilización del recurso humano.
Además, no se correrá el riesgo de que las medidas de prisión preventiva puedan vencerse y que los jueces se vean obligados a dejar en libertad a cientos de imputados, principalmente miembros de maras y pandillas.
