Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), condenó el golpe de Estado ocurrido en 2009 en Honduras y solicitó justicia en los casos relacionados con los hechos violentos de ese período.
El pronunciamiento se da en el contexto de la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez y otros dos altos oficiales, vinculados a la muerte de Isy Obed Murillo durante una manifestación política en julio de 2009.
En su comunicado, la ASJ reiteró su rechazo a los eventos que, según la organización, fracturaron el Estado de derecho en Honduras.
Asimismo, hizo un llamado para que los procesos judiciales relacionados se lleven a cabo con objetividad, respetando el debido proceso y evitando que sean utilizados como herramientas de manipulación política.
La organización expresó su respaldo al informe elaborado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación titulado “Para que los hechos no se repitan”, calificándolo como un documento clave para comprender y abordar las consecuencias del golpe.
Según la ASJ, este informe ofrece un análisis integral de los eventos ocurridos antes, durante y después de 2009, y sus recomendaciones deben ser consideradas como una guía para los actuales procesos judiciales y de reconciliación.
La ASJ enfatizó la necesidad de investigar de manera exhaustiva todos los asesinatos ocurridos en el marco del golpe de Estado, en concordancia con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Subrayó que tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia tienen la responsabilidad de actuar con rigor, transparencia y respeto a los derechos humanos.
El organismo también exhortó a que las instituciones judiciales mantengan su independencia y no sean objeto de injerencias políticas, insistiendo en que la búsqueda de justicia no debe convertirse en un mecanismo de distracción frente a otras problemáticas críticas del país, como el narcotráfico, la pobreza y la inseguridad.
La ASJ finalizó su pronunciamiento solicitando que los poderes del Estado se abstengan de intervenir públicamente en este caso, con el fin de evitar percepciones de politización o instrumentalización de la justicia.
