TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La audiencia contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), y otros ocho exfuncionarios, fue fijada para el próximo mes de diciembre por un juez natural sobre el caso denominado “Pandora II”, en contra de la administración pública.
Se trata de la Audiencia de Declaración de Imputado que fue fijada para el día 13 de diciembre a las 9:00 am.
En dicha comparecencia, los imputados conocerán los cargos por los cuales se les acusa de actuar en contra de la administración pública.
“El magistrado Walter Rául Miranda Sabio ha emitido el auto de admisibilidad correspondiente en relación a estos requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público”, explicó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
Sobre el proceso a seguir aclaró que “se estarán enviando las citaciones correspondientes, a fin de que cada uno de ellos se presente a la audiencia de declaración de imputado como corresponde”.
Sobre el caso del expresidente Hernández, Duarte informó que será el juez natural el encargado dictar lo que corresponde a la ausencia del exmandatario, quien se encuentra recluido en Nueva York, Estados Unidos.
La acusación se debe al caso “Pandora II” presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que es una extensión del caso conocido como “Pandora I”.
Asimismo, en el caso son inculpados el exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, por fraude; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit.
Además los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo a la investigación de la UFERCO, la acusación del expresidente Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Utilizando la creación de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus campañas departamentales.
Por su parte se involucra al expresidente Lobo Sosa, por el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por JOH, teniendo una “participación directa”.
Asimismo, las indagaciones señalan que el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, desde la Sefin aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.
Por su parte, los otros ocho exfuncionarios se les acusa de conformar una presunta red de corrupción entre los años 2010 y 2013 en la aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L.288,016,175) que fueron trasladados hasta las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”.
En dicho traspaso de fondos participaron como instituciones el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
Por tales denuncias, se citará algunos imputados y se emitirá órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros que se encuentren fuera del país.
La presentación del requerimiento fiscal se efectúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto por la condición del expresidente Hernández, quien tras terminar su período en 2022, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que aún persiste, explicó la UFERCO.
