TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras todos los hondureños celebraban las fiestas de Navidad, 19 familias se aferraban ayer a un féretro para despedir a las víctimas de la masacre del Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán.
El domingo anterior se registró un brutal enfrentamiento entre líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) e integrantes de la pandilla 18, recluidos al interior del centro penal.
El resultado fue 19 privados de libertad ejecutados y uno herido que ya fue dado de alta del Hospital Escuela.
La mañana del martes en la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) del Ministerio Público (MP) había cinco cuerpos sin reclamar.
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Cristian Josué Rivera Antúnez, Víctor Javier Quintanilla Morales y Milton Román Pérez Castellanos no habían sido reclamados por sus familiares.
Mientras que Gerson Leonel Suazo Villalobos no fue entregado por falta de huellas dactilares.
Además hay otro privado de libertad que permanece como desconocido, porque no aparece en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP) y debe ser cotejado con análisis de ADN.
| Política penitenciaria
La titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayestas, recomendó crear una verdadera política penitenciaria, incluyendo la educación.
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Las investigaciones siguen su curso por parte de los equipos especiales del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Un agente que participa en las investigaciones informó a EL HERALDO que el trabajo avanza, pero es complejo y lo que queda es analizar más la prueba científica.
El agente explicó que toda la prueba que se recolectó en la escena, tanto de la cárcel de Siria, El Porvenir, Franciso Morazán, como en Tela, Atlántida, está siendo analizada por los diferentes laboratorios de investigación.
La prueba científica son casquillos de bala, videos, las armas y llamadas que salieron desde los centros penitenciarios.
Precisó que las pruebas permiten ir identificando a cada uno de los privados de libertad que participaron en las masacres.
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La misión es avanzar los más rápido posible y dar a conocer los resultados y deducir responsabilidades a los implicados.
En tanto la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario sigue buscando las alternativas para tomar el control del sistema penitenciario nacional.
Traslados
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) en las últimas horas está haciendo traslados a las cárceles de máxima seguridad de los privados de libertad que participaron en las masacres.
José Coello, vocero de Fusina, declaró a EL HERALDO, que los primeros traslados se hicieron de Tela a Ilama, Santa Bárbara.
Lo mismo se va a hacer en El Porvenir, donde están identificando a los autores de la masacre para luego llevarlos a módulos de máxima seguridad.
Coello explicó que están definiendo otro tipo de estrategias para hacer los traslados, debido a que los reos de alta peligrosidad se revuelven y se generan los amotinamientos.
Detalló que en los operativos que se realizaron en el centro penal de El Porvenir encontraron las dos armas con que cometieron la masacre.
De momento solo se han encontrado dos pistolas, una color negro y otra cromada, que fueron ingresadas tiempo atrás, explicó Coello.
“Son las únicas armas que hemos encontrado, hemos hecho requisas pero no hemos encontrado más armas en El Porvenir”, afirmó.
Mientras que entre puñales, punzones y machetes se encontraron alrededor de 16, que fueron utilizados en la matanza.
Todas estas armas han sido puestas a la orden de los equipos de investigación del MP que trabajan en esclarecer los hechos.
Entre las medidas que se han tomado para evitar que estos hechos se sigan registrando está el reforzamiento de los anillos internos y externos.
Fusina tiene una alerta a nivel nacional y todos los batallones a nivel nacional, con apoyo de la Policía, tienen la obligación de dar seguridad en los centros penales.
En las últimas horas también realizaron requisas en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, encontrando cuatro teléfonos satelitales valorados en un millón de lempiras.
Además había una pistola nueve milímetros con subcargador y al menos 69 armas blancas, entre otros artefactos.
Mientras que en el centro penal de La Ceiba, Atlántida, se hallaron 14 teléfonos celulares, equipo electrónico y herramientas que pueden ser utilizadas como armas.
Varios sectores de la sociedad civil condenaron los hechos violentos que se han registrado en las cárceles.
En al menos 48 horas, en las masacres de Tela y en la de Siria, murieron 37 privados de libertad y cerca de 20 resultaron heridos en los mismos hechos.
Defensores de derechos humanos demandaron que se garantice la vida de los reclusos y que se establezca un verdadero control penitenciario. El general de división Tito Livio Moreno Coello, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), declaró ayer que no se puede desconocer que muchos de los privados de libertad son personas de alta peligrosidad que han decidido violentar la ley voluntariamente.
“Pedimos la comprensión de todas las instituciones públicas y privadas y de los organismos de derechos humanos, para que podamos hacer de este sistema penitenciario lo que todos los hondureños queremos, un sistema penitenciario confiable”, declaró el jerarca militar.
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