TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El capitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, quien atraviesa un juicio oral y público por lavado de 238 millones de lempiras, ofreció declaraciones a El HERALDO para aclarar algunos puntos del proceso.
Cabe destacar que junto a él, también están siendo juzgadas por el mismo delito su esposa, Jennifer Lizeth Bonilla y su suegra, Reina Lizeth Bonilla.
Las investigaciones presentadas por el Ministerio Publico indican que el capitán Rodríguez Orellana enviaba el dinero que acumulaba producto de sus actividades delictivas a su esposa y a su suegra.
Su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Ante estas acusaciones, Orellana fue tajante y respondió que “No tenía empresa, la empresa era de mi suegra y al rubro que se dedicaba ustedes pudieron constatar que los depósitos provenían de instituciones como las Fuerzas Armadas”.
Además, en torno al caso, añadió: “yo creo que eso está más que claro e incluso cuando usted mira las preguntas que le realizan al perito, el expresa de la forma como se hacía la transferencia y quienes eran los que pagaban. Quien pagaba eran las Fuerzas Armadas a través de Banpaís y el dinero retornaba a Banco de Occidente”.
Sumado a ello, Orellana aseguró que las empresas de su núcleo familiar operan de manera legal.
“La empresa más grande era de mi suegra así como las otras eran de mi esposa pero todo lo que había ahí ha estado en legal y debida forma estructurado”, explicó
Finalmente, Santos Orellana expresó que la Fiscalía nunca presentó pruebas eficientes y achacó todo a un tema de índole político.
“Usted puede verlo que hace la Fiscalía o lo que presenta la Fiscalía. Nunca ha presentado una prueba eficiente que nos vincule a algo inherente”, disparó.
“Todo esto ha sido parte de la política de nuestro país y hay que esperar que el juicio termine para poder esclarecer cada una de estas situaciones por las cuales nosotros estuvimos detenidos 18 meses”, puntualizó.
