TEGUCIGALPA, HONDURAS
Al menos 11 de los 38 acusados en el caso Pandora estarían siendo capturados porque aún no han acreditado su defensa ante el Juzgado de Letras designado para conocer este proceso.
El resto de los imputados desde que se enteraron que estaban acusados enviaron a sus defensores legales a hacer las diligencias preparatorias ante la jueza.
“Nosotros vamos a presentar voluntariamente a nuestros representados y el mismo día de la audiencia de declaración de imputados vamos a presentar antecedentes de esta Corte y de la anterior en la cual se han otorgado medidas por casos exactamente similares”, informó el abogado Raúl Suazo, representante legal de uno de los imputados.
El requerimiento fiscal en contra de los 38 imputados cumple hoy 34 días de haber sido interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por los fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).
La jueza natural designada para este caso, Lidia Álvarez Sagastume, tiene que pronunciarse obligatoriamente sobre el requerimiento fiscal y al menos ocho recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el artículo 184 del Código Procesal Penal que las defensas de los acusados por lavado de activos plantearon.
En el recurso de inconstitucionalidad se le argumentó a la jueza que no libre las órdenes de captura en contra de los implicados, como lo ha solicitado el Ministerio Público, entendiendo que el artículo 184, a juicio de la defensa, está demandado de inconstitucionalidad.
En ese sentido, el abogado Félix Ávila, defensor de varios acusados, dijo que “la jueza debe abstenerse de librar las órdenes de captura o darle aplicación a esa norma, elevar las actuaciones a la Sala Constitucional para que la Sala conozca y resuelva de esa situación”.
Hasta ahora se desconoce qué rumbo tomaría este proceso debido a que no se sabe con certeza si la jueza designada Lidia Álvarez Sagastume admitió la acusación.
En el requerimiento fiscal figuran diputados del Congreso Nacional, exfuncionarios del gobierno, exalcaldes y empresarios presuntamente implicados en el desvío de 238 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
