TEGUCIGALPA, HONDURAS
La red de corrupción del caso Pandora tocó las puertas del Poder Judicial.
El requerimiento fiscal indica que un exjuez de lo Civil presuntamente recibió dinero de parte de una de las fundaciones señaladas de drenar más de 238 millones de lempiras a partidos políticos.
La acusación indica en uno de sus cuadros financieros que “el 28 de marzo de 2011, el juez Milton Rubén Sandoval recibió el cheque número 42869232 por 30 mil lempiras exactos”.
Sobre Sandoval Urbina se conoce que en marzo de 2014 fue suspendido por el desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial por incurrir en supuestas irregularidades.
En ese entonces, Sandoval fungía como juez de Letras Civil de Francisco Morazán. El requerimiento fiscal no explica en condición de qué el exfuncionario del Poder Judicial recibió los fondos de la Fundación Todos Somos Honduras.
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Aunque sí establece que unos 55 millones de lempiras fueron manejados por Fernando José Súarez Ramírez, apoderado legal de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, quien se encuentra acusado de los delitos de lavado de activos, fraude, uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos y prevaricato.
Amistad
La acusación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) indica que Súarez y el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, tenían una amistad manifiesta.
El requerimiento explica que ambos iniciaron una trama para sustraer fondos del Estado a través de siete convenios y un adendum entre la SAG y las fundaciones; dineros desviados para beneficio de los suscriptores de los convenios, políticos y personas naturales.
“Regalado y Súarez eran amigos y socios, al punto que cuando Súarez celebró su matrimonio en 2010, Regalado y su esposa fueron sus padrinos”, establece la acusación.
