'MACCIH apoya apelación presentada x UFECIC-@MP_Honduras, que cuestiona resolución que dejó sin efecto delito de Lavado de Dinero a procesados en #CasoPandora. Ley de Lavado de Dinero de 2002 establece que es autónomo y así lo afirma la Sala Penal de @PJdeHonduras en sentencia de 2011', escribió la Maccih en su cuenta oficial de Twitter.
En otro mensaje agregó: 'En #CasoPandora se revelan operaciones financieras que carecen de justificación y que se destinaron a beneficios personales, pago de campañas políticas y compra de bienes, cometiendo con ese accionar delito de Lavado de Dinero #MACCIH'.
La misión recalcó su descontento con la resolución de la jueza, mediante las redes sociales. 'Recibir, ocultar y disfrutar de fondos obtenidos ilícitamente, aparentando que son de origen legal, constituye una conducta propia del delito de Lavado de Dinero. #CasoPandora #MACCIH'.
'La desviación de dinero público a cuentas personales y de partidos políticos, a través de transacciones financieras para ocultar su origen, CONSTITUYEN el delito de Lavado de Dinero atribuido en #CasoPandora', finalizó.
#MACCIH apoya apelación presentada x UFECIC-@MP_Honduras, q cuestiona resolución q dejó sin efecto delito de Lavado de Dinero a procesados en #CasoPandora. Ley de Lavado de Dinero de 2002 establece q es autónomo y así lo afirma la Sala Penal de @PJdeHonduras en sentencia d 2011 https://t.co/cdxMWpQIIf
— MACCIH (@OEA_MACCIH) 3 de agosto de 2018
El recurso interpuesto
El Ministerio Público, a través de la Ufecic, detalla en el recurso interpuesto que la división de opiniones sobre la determinación en el caso surgen en la forma que interpretó los fraudes financieros en el enunciado del artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Activos.
En ese sentido, indican que la teoría utilizada por la jueza natural es carente de fundamentos y sustento jurídico.
Además, señala que la decisión de Álvarez Sagastume podría abrir las puertas para que delincuentes condenados por ese delito pidan la revisión penal de sus sentencias, alegando un cambio de doctrina legal que les favorece.
26 de los 38 implicados en el caso recibieron medidas distintas a la prisión, luego que la jueza los dejara 'libre' del delito de lavado de activos y solo encontró indicios por el delito de encubrimiento.
En este caso, la jueza solo determinó que el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, permaneciera en prisión tras hallarle indicios suficientes para dictar prisión preventiva y auto de formal procesamiento.
Aún permanecen 6 personas prófugas de la justicia por este caso.
