TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El implicado que tuvo la mayor participación en el denominado caso Pandora está prófugo de la justicia.
Se trata de Fernando José Suárez Ramírez, quien tenía el control de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Este imputado fue el principal socio del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, que guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería.
Según la investigación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP), Suárez de manera fraudulenta se apoderó de ambas fundaciones por las que se desviaron 282 millones de lempiras de la SAG y fungió como su apoderado legal.
Esas irregularidades se dieron en el período comprendido entre 2010 y 2013.
Regalado y Suárez firmaban convenios que supuestamente eran para mejorar las condiciones de los productores agrícolas hondureños mediante una serie de capacitaciones y proyectos.
Sin embargo, ni un lempira fue destinado para el objetivo con que se firmaron.
Así lo refleja el requerimiento fiscal de la Ufecic, investigación que es respaldada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).
En esta línea de investigación que inició el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se acusa a 38 personas por delitos de corrupción.
Del total de implicados, la jueza natural Lidia Álvarez determinó que 25 se defiendan en libertad con medidas sustitutivas contrarias a la prisión, tres quedaron sobreseídos y cuatro en prisión. Todavía hay seis personas prófugas de la justicia hondureña.
Actuación
Suárez, al ser la única firma autorizada de las fundaciones, abrió las cuentas bancarias donde la gerente administrativa de la SAG, Norma Keffy, le desembolsó millonarias cantidades. Lo anterior con el consentimiento del exministro de la SAG, según la acusación del MP.
Este implicado firmó convenios suplantando nombres de personas que en ese momento ni siquiera se encontraban en el país. Asimismo inscribió una junta directiva falsa para representar a ambas fundaciones y él se impuso como presidente.
La Fiscalía acusa a Suárez por los delitos de lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, uso de documentos públicos falsos, prevaricato y hasta de asociación ilícita.
El acusado por múltiples delitos fue el responsable de realizar transferencias a diferentes cuentas bancarias y emitir varios cheques. El requerimiento fiscal establece que era “el encargado de los fondos públicos, los cuales fueron apropiados en cuantía aproximada de 55 millones de lempiras para su propio beneficio”.
Una gran parte del dinero que solicitó el extitular de la SAG a la Secretaría de Finanzas para beneficio de campesinos de zonas postergadas del país terminó cubriendo los lujos de Suárez.
Lujos
Suárez procedió a realizar compras de muebles de oficina, gastos personales, pagos de tarjetas de crédito, emitió cheques a beneficio de amigos y familiares de él.
Asimismo contrató servicios de publicidad con fines políticos. También gastó el dinero en gasolina, alquiler de vehículos, compra de madera, compra de pasajes aéreos de ida y vuelta a muchos destinos turísticos. A su vez la compra de encuestas y propaganda política.
