Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció a los diputados del Congreso Nacional por la falta de transparencia en el manejo de más de 314 millones de lempiras en concepto de subsidios, subvenciones y ayudas sociales.
La organización de sociedad civil en su informe “Subvenciones, subsidios y fondos de ayuda social en el Legislativo: Excesos y opacidad”, investigó, únicamente cinco legisladores de los 256 diputados electos (entre propietarios y suplentes) presentaron las liquidaciones de los fondos asignados.
Asimismo, el CNA detalló que 51 congresistas afirmaron no haber recibido el dinero, mientras los 194 “padres de la patria” restantes no dieron respuesta.
El ente de sociedad civil detalló que desde agosto de 2023, cuando se erogó el decreto que le daba vida a la Ley del Fondo Departamental, en un año el Poder Legislativo presidido por Luis Redondo ha autorizado la entrega de 314,578,708.88 millones de lempiras para que los diputados los utilicen para ayudar a los municipios y departamentos que representan.
De igual forma, el CNA identificó que en diciembre de 2023 y abril de 2024 fueron los meses donde más dinero liberó el Congreso, con más de 55 millones de lempiras y más de 37 millones en los respectivos meses.
En ese sentido, el CNA informó que denunció ante el Ministerio Público (MP) a Luis Redondo por administración desleal del patrimonio público. Por otro lado, los parlamentarios y la oficial de transparencia del Congreso Nacional fueron denunciados por incumplir con el deber de brindar información pública al CNA.
La exorbitante cifra monetaria carece de transparencia, pues se desconoce cómo fueron utilizados, señaló Gabriela Castellanos, directora del CNA.
“Los diputados están muy a gusto sin rendir cuentas de los fondos destinados a subvenciones y ayudas sociales”, criticó Castellanos.
Además, el CNA indicó que la designación de estos fondos se ha amparado en el “Manual de procedimiento para otorgar subvenciones o ayudas sociales”. No obstante, el CNA explicó que este no cumple con los requisitos legales establecidos en el numeral 37 del artículo 205 de la Constitución de la República y tampoco al artículo 81-A del Poder Legislativo.
“La autorización de los fondos en concepto de subvenciones, subsidios y ayudas sociales sin la existencia de un fundamento legal constituye una extralimitación por parte de quien ejerce la administración del Congreso Nacional”, puntualizó la institución.
