TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló este jueves la primera parte del informe “Inconsistencias financieras en el manejo de fondos públicos de Banasupro”, tras acudir al Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia contra varios exfuncionarios de la Suplidora Nacional de Productos Básicos.
De acuerdo al reporte del CNA, más de 476 millones de lempiras por concepto de cuentas por cobrar es la deuda de varias instituciones públicas a la suplidora, sin garantía de recuperar esta millonaria suma.
Entre las empresas que adeudan a Banasupro se encuentran la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), con un saldo de más de 278 millones, seguida por el Instituto Nacional Penitenciario por más de 127 millones de lempiras y el Banco Hondureño para la Promoción y la Vivienda (Banhprovi) por más de L 49 millones.
El análisis del CNA recoge irregularidades desde 2018 a la fecha, donde se evidenció que en los últimos años, la institución pagaba más dinero a presuntos proveedores de lo que recibía, llevándola a una crisis alarmante, según la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien aseguró que “Banasupro no es rentable”.
De acuerdo a lo expuesto, en 2019, Banasupro recibía más ingresos de sus clientes de lo que pagaba a proveedores, por lo que la institución funcionaba, pero a partir de 2020 los papeles se invirtieron pasando a pagar más proveedores de lo que recibía, finalizando en 2021, año de la más reciente campaña política, donde se pagaron 734,863,301 lempiras y solo se recibieron 543,006,314.
Se hace énfasis en la campaña política porque según las investigaciones, se utilizaron bolsas solidarias extraidas desde Banasupro para la compra de votos en la campaña del candidato que competía por la alcaldía del Distrito Central, según detalló el abogado Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación del CNA.
ADEMÁS: Ministerio Público investiga presunta malversación en Banasupro
“Se destinaron bolsas solidarias para comprar votos, el CNA identificó cómo durante 2020 y 2021 se utilizó Banasupro para apadrinar campañas políticas al encontrar en las bolsas solidarias el anzuelo para comprar votos. Este asistencialismo desmedido provocó el desabastecimiento de los almacenes y puntos de venta, afectado a 38 de 96 centros de venta con negativos en sus inventarios, los cuales ascienden a más de 47 millones de lempiras según nuestro informe”, dijo Castellanos.
Es por esta razón, que de los 103 centros de venta que hay a nivel nacional solo operan 67, pues los demás están, en pocas palabras, sin productos y sin dinero.
Últimas transacciones
De igual forma, se conoció que el 17 de febrero de 2022, cuando la institución vivía la transición de gobierno, sacaron tres pagos de manera simultánea en el sistema SIAFI, a través de transferencias, sin tener soporte con documentación que justificara la operación.
Según el informe, la primera transacción fue de 237,100 mil lempiras a una persona no identificada, dicha gestión se hizo entre las 7:17 y 7:22 de la noche. Y entre las 7:12 y 7:22 de la noche se hizo una segunda transacción por 236,100 lempiras, siempre sin el soporte debido.
El tercer pago corresponde a una empresa distribuidora y fue hecho entre las 7:16 y 7:22 p.m, por una cifra de 232,000 lempiras, sumando más de 705 mil lempiras que no se han podido justificar.
De igual manera, se encontró una falsificación en los estados financieros por 315,182,042.38 lempiras, “dicen que se conciliaron, pero no existen”, denunció Fernández.
LE PUEDE INTERESAR: Abogados de JOH prevén que el juicio arrancará a mediados de julio
Denuncia formal ante el MP
En ese sentido, el CNA ya presentó la denuncia correspondiente contra los diferentes exfuncionarios que administraron la institución en el periodo comprendido entre 2018 al 2021 y el 2021 al 2022. Es decir, contra Luis Fernando Pinel (ex gerente de Banasupro 2018-2021), Merlin Edgardo Cárcamo (ex gerente Banasupro 2021-2022) y Yimi Roberto Alvarado (contador Banasupro 2015-2022).
Las personas antes mencionadas, fueron acusadas ante el MP por los delitos de administración desleal del patrimonio y falsificación de documentos públicos.
