Comayagua, Honduras
Las denuncias que se interponen en la oficina de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en su mayoría no llegan al Ministerio Público (MP) para ser judicializadas, reveló un informe de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Comayagua (CCTC).
La auditoría muestra datos estadísticos de las todas las denuncias que fueron recibidas por la DPI durante el año 2016 y los primeros tres meses del 2017.
El estudio indica que en el 2016 se hicieron 167 denuncias por homicidios, de las cuales 57 pasaron al Ministerio Público para iniciar un proceso judicial, lo que representa un cumplimiento de apenas el 34 por ciento.
De enero a marzo del presente año se registraron 43 denuncias de homicidios, de estas 12 completaron un proceso de investigación y fueron recibidas por el MP, lo que indica un cumplimiento del 28 por ciento.
En cuanto a robos, de enero a marzo se interpusieron 135 denuncias, de estas 10 fueron llevadas a los tribunales. En el primer trimestre del presente año, la DPI registró 32 denuncias por robo, de estas se investigaron en su totalidad siete, lo que representa un 3.5 por ciento de ejecución.
El único delito que reflejó porcentajes de respuesta altos en 2016 fueron las denuncias por violación con 29 de 42 casos llevados a juicio, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 69 por ciento.
Empero, en el primer trimestre del 2017 se recibieron 20 denuncias del mismo delito, de las cuales solo cuatro fueron remitidas al MP, lo que bajó el índice de evaluación a un 20 por ciento.
“Se hizo una auditoría documental porque solicitamos información en cuanto a cantidad de delitos y cuántos de ellos habían sido remitidos al Ministerio Público y los resultados nos reflejan un índice de cumplimiento muy bajo, eso nos preocupa porque la DPI es un cuerpo de seguridad muy importante”, dijo Ana Hernández, coordinadora de la CCTC.
Hernández declaró que entre las razones expuestas por los agentes para no lograr investigar al 100 por ciento las denuncias están la falta de recursos tecnológicos, logísticos, papelería y de personal investigativo.
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Respuesta
Los resultados de la auditoría fueron socializados ante el personal de la DPI, quienes al final de la presentación quedaron inconformes.
Edgardo Tejada Villeda, subjefe de la DPI en Comayagua, aseguró que se debe hacer una revisión de los datos expuestos.
“Tenemos el informe y consideramos que los resultados no son correctos porque salimos con porcentajes muy bajos ante el cumplimiento de las denuncias de delitos”, declaró.
Sin embargo, reconoció que encuentran muchos obstáculos para completar algunas investigaciones, entre ellas los homicidios ya que en varios casos no cuentan con los testigos suficientes para cubrir las pruebas testificales para poder llevar los casos a juicio.
En cuanto a las víctimas de robo y hurto, dijo que además de tener testigos deben presentar documentación para comprobar que el objeto que les fue arrebatado les pertenecía.
“Para llevarlo a la Fiscalía necesitamos que el dueño, aparte de que consigue testigos, debe acreditar la propiedad del objeto robado o hurtado”, explicó Villeda.
El documento de la auditoría hace recomendaciones como fortalecer a la DPI, con sistemas de tecnología que ayuden al esclarecimiento de los delitos, incremento del recurso humano y materiales, capacitaciones para fortalecer su sistema operativo y de coordinación con el resto de instituciones operadoras de justicia.
