TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra enfrenta una serie desafíos para acabar con la crisis agraria que arrastra desde hace décadas el país.
Pero el principal reto será impulsar el desalojo de más de 30 mil hectáreas de tierras privadas que están invadidas por supuestos campesinos en Francisco Morazán, Colón, Atlántida, Cortés y Choluteca, de acuerdo con el sector empresarial.
“Vemos con mucho positivismo que se comiencen a realizar acciones tendientes a erradicar definitivamente lo que es la invasión de tierras y en esto se manda ese mensaje que es indispensable tanto a nivel nacional como internacional y es que en Honduras se da respeto a la propiedad privada a la libertad de empresas”, declaró Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).
La mayoría de invasiones, según Díaz, se dan en tierras donde ya existen producciones a punto de cosecharse para ser exportadas y esto afecta la economía y atenta contra la seguridad jurídica.
Según estudios realizados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alrededor de 2,400 millones de dólares (cerca de 60,000 millones de lempiras) se han dejado de invertir en el país a causa de las invasiones.
Rechazo
El viernes, la denominada Plataforma Agraria del Aguán rechazó la creación de la Comisión de Seguridad Agraria porque nació en el “seno del Consejo de Defensa y Seguridad por el carácter policial y militar que le otorga la comisión, que en contraste no incorpora la voz directa de los involucrados, de los campesinos”.
Afirman los representantes de la Plataforma que la Comisión “nos pone en alerta máxima cuando en algunos apartados trata de vincularse al sector campesino real al crimen organizado y a otras figuras delictivas, cuando somos nosotros los campesinos los que hemos denunciado a estos grupos delincuenciales que están ligados al poder, a una parte de la empresa privada y hasta a los mismos gobiernos”.
El titular del INA, Francisco Funes, aseveró que la Comisión está creando un protocolo para atención de desalojos que garantice seguridad jurídica y respeto de derechos humanos. “Ya no podemos darnos el lujo de continuar con anarquías”, aseveró el funcionario.
“Hemos nombrado algunas subcomisiones que van a trabajar en el protocolo que van a aplicar para establecer los jueces y fiscales de jurisdicción nacional, también se va a trabajar en una ley que asegure la protección de la vida humana, la seguridad jurídica y los derechos humanos”, ratificó.
