TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presión y el rechazo de diferentes sectores ante la pretensión de hacer uso de los fondos de los institutos de previsión social en detrimento de trabajadores al igual que jubilados obligó el jueves al Congreso Nacional a recular y retirar el dictamen con el que se consumaría esta decisión.
Aunque el proyecto de decreto de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional se dictaminó y fue compartido a los diputados para proceder a su discusión como también aprobación en sesión virtual del órgano unicameral, por orden del presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, no fue sometido a debate.
En su lugar la propuesta, dictaminada por la comisión legislativa de emergencia por el covid-19 sin antes haber sido socializada, se decidió someterla a un amplio consenso y profundo escrutinio entre todos los sectores involucrados antes de discutirla en el pleno virtual de diputados, anunció la máxima autoridad del CN.
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Desde el miércoles anterior, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) comunicó que sus congresistas votarían en contra de esta normativa por plantear el drenaje de los recursos de las entidades previsionales del país, argumentando que se pone en riesgo la liquidez y a su vez el pago de jubilaciones de miles de empleados.
A la misma posición de repudio se unieron los legisladores del Partido Innovación y Unidad (Pinu) incluyendo el Partido Liberal, quienes no apoyarían el articulado de este instrumento jurídico impulsado por el parlamentario del Partido Nacional, Marcos Velásquez.
En el dictamen se hizo constar que los miembros de la comitiva especial Doris Gutiérrez y Samuel Madrid, en representación del Pinu y Libre, respectivamente, votaron en contra de este polémico marco legal, mientras que el diputado Mario Segura, quien funge como jefe de la bancada liberal, se abstuvo de emitir su sufragio, confirmó EL HERALDO. Miembros de las organizaciones magisteriales y asociaciones de pensionados al igual que jubilados de los distintos institutos de previsión social realizaron protestas y emitieron pronunciamientos en oposición a esta ley que a su criterio descapitalizaría estas entidades.
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“Vamos a pedir que este proyecto pueda venir al seno del Consejo Económico y Social (CES) para su discusión sobre todo con los interlocutores sociales, de tal forma que podamos dar una opinión calificada; nos interesa muchísimo la protección de los fondos de los institutos de previsión, es un patrimonio de todos los trabajadores y obviamente tenemos que entrar a una discusión profunda”, manifestó el presidente de este órgano consultivo y asesor, Carlos Madero.
Entre tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) por medio de una misiva dirigida a Oliva advirtió que “crear una sociedad mercantil por ley es contrario al principio de libre asociación voluntaria que rige en estas sociedades, atenta contra la buena gobernanza, diluye la responsabilidad de los miembros de la directiva, la exime de la aplicación de las leyes y reglamentos que están vigentes para proteger los intereses del público y la autoriza para operar con recursos públicos sin prácticamente ninguna supervisión y eximiéndola del cumplimiento de normas”.
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De su lado, el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, informó a EL HERALDO que “el dictamen de esta ley no es definitivo, se pueden llevar a cabo todos los cambios, agregados e incorporaciones debidas antes de llegar al pleno de diputados; el espíritu original del decreto dice que los institutos de previsión podrían participar en un proyecto de interés nacional si ellos tienen la voluntad, no es que estarían obligados”.
Solo hasta que se construyan los consensos con la totalidad de los actores se estaría agendando la Ley de Inversiones en el Congreso, por lo que se escuchará a los delegados de los sectores comprometidos para que haya claridad de que no se afectarán los recursos ni cotizaciones a los institutos de previsión, mencionó.
