TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022) es una advertencia para que la administración de Xiomara Castro “haga bien sus funciones” pese a considerar a Honduras como un aliado estratégico, dicen juristas.
La felicitación del secretario de Estado, Antony Blinken, cuando Castro ganó los comicios, y la presencia de la vicepresidenta Kamala Harrys en la asunción de la esposa de Manuel Zelaya, derrocado en 2009, son muestras de que Washington considera a Tegucigalpa un aliado en temas prioritarios para la Casa Blanca como el control de la migración y del narcotráfico.
Sin embargo, los últimos 12 años del gobierno conservador del Partido Nacional en Honduras estuvieron marcados por escándalos de corrupción y narcotráfico, que tienen en un proceso de extradición a Hernández, mientras aguarda con prisión provisional la audiencia de evacuación de pruebas.
“No más narcotráfico, no más corrupción, es la advertencia de Estados Unidos a las nuevas autoridades”, dijo el abogado constitucionalista Oliver Erazo a través de un Space en el Twitter de EL HERALDO.
“Ellos (Estados Unidos) están dispuestos a trabajar con Honduras, pero no están dispuestos a tolerar más de lo mismo. El nuevo gobierno debe de tener cuidado con sus acciones”, agregó.
Para el analista Jhonatan Rosales, las acciones que ha tomado el gobierno de Joe Bidden sentó un precedente con el afán de que los funcionarios públicos de la nación no usen el estamento estatal para lo ilegal.
“Tiene que funcionar para que, al fin y al cabo, se deje de permitir, bajo la complicidad de los distintos poderes, que personas involucradas con actos ilegales estén tomando decisiones en el país para favorecer sus intereses”, comentó.
Rosales consideró además que el proceso de extradición de Hernández es la muestra certera de la histórica ineficacia de la justicia hondureña con los funcionarios públicos.
“La gran pérdida es para la justicia. Seguimos esperando que otro país venga a resolver nuestros problemas”, expresó.
En los últimos años, la Casa Blanca evitó confrontar abiertamente a Hernández a pesar de los nombramientos de los capos confesos en la corte del Distrito Sur de Nueva York por un código de no procesar a jefes de Estado.
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Preso provisionalmente
El expresidente Hernández, de 53 años, compareció este miércoles ante un juez que decidirá su suerte tras el pedido de extradición de Estados Unidos, que le acusa de narcotráfico.
En medio de un fuerte operativo de seguridad con vehículos blindados y un helicóptero, Hernández fue trasladado desde la sede policial donde pasó la noche hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde el juez inició la audiencia, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
“¡No está solo!”, gritaban decenas de simpatizantes del Partido Nacional (PN, derecha) de Hernández que llegaron a apoyarlo frente a la Corte, mientras simpatizantes del ahora oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) celebraban la detención. Hubo conatos de enfrentamientos entre ambos grupos.
En esta primera audiencia el juez comunicará a Hernández la información remitida por Estados Unidos para que se defienda de los cargos, y luego tomará una decisión sobre la extradición, dijo el portavoz judicial.
Precisó que en otros casos los procesos de extradición no han demorado más de cuatro meses.
Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar en la introducción de unos 500,000 kilos de cocaína a través de Honduras a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos, indicó la embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado.
Detenido el martes en la puerta de su casa en Tegucigalpa por la policía hondureña en coordinación con agencias estadounidenses, Hernández no ofreció resistencia y dejó que le pusieran un chaleco antibalas y lo esposaran de pies y manos con cadenas.
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