TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad volvió a reunirse y esta vez para decretar un estado de emergencia ambiental a raíz de la tala de árboles y afectaciones en áreas protegidas.
La reunión se dio en la base militar del Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios, fue encabezada por la presidenta Xiomara Castro.
Lucky Medina, ministro de MiAmbiente, aseguró que existe una “crisis climática, especialmente en la Biosfera del Río Plátano, y hemos establecido varias resoluciones”.
Medina agregó que “más de 100 mil habitantes no tienen la capacidad de custodiar las áreas protegidas ante la tala masiva, comercio y la explotación de maderas. Además, el crimen organizado está arrasando con los bosques”.
Parte de las resoluciones van encaminadas a la investigación de operaciones de asociación con actividad comercial y criminal en la región; ganadería extensiva y siembra de droga en departamento de Olancho y zona de La Mosquitia.
Asimismo, neutralizar y establecer un control en carreteras para combatir delitos ambientales y del crimen organizado en zonas de áreas protegidas.
El Ministerio Público deberá presentar un informe en 7 días y será la encargada de liderar las acciones, añadió Medina.
“Las Fuerzas Armadas deben proceder al decomiso y destrucción de la maquinaria que depreda bosques y áreas protegidas. Hay que decir también que algunas municipales autorizan sin facultad legal y extienden permisos de explotación de montañas”, dijo el funcionario.
Las resoluciones también establece que deberá anularse jurídicamente las acciones del Instituto Nacional Agrario que transgreden, así como un exhaustivo proceso de investigación al otorgamiento de permisos de propiedad inscritos ilegalmente.
“Todas las personas que se demuestre su participación en descombros, ganadería, minería y demás encontrados cometiendo delitos ambientales deben ser capturados y tres jueces tendrán residencia en zonas declaradas de emergencia en Olancho, Gracias a Dios y otros”, acotó Medina.
Finalmente, se informó que se asignará un presupuesto de mil millones de lempiras en este 2024 y en total 19 mil millones de lempiras para obtener cero deforestación en 2029; además de reformar el Código Penal para endurecer las penas por delitos ambientales.
