Tegucigalpa, Honduras.-Cuatro jueces y tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) están en el ojo del huracán luego de que el Ministerio Público, en menos de un mes, los señalara por su supuesta vinculación en presuntos actos de corrupción.
Las cuatro acusaciones han encendido el debate público sobre la urgencia de depurar el sistema judicial.
Pero, ¿qué cargos enfrentan los funcionarios y exfuncionarios judiciales?
Antejuicio para dos juezas de La Ceiba
Este martes, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra las juezas del Juzgado de Letras Penal de La Ceiba, Rina Iracema Trejo y Alicia Cristina Urrutia, por su presunta participación en el encubrimiento del fiscal Luis Fernando Triminio, acusado de violación y actualmente prófugo de la justicia.
La acción responde a la sospecha de que las funcionarias judiciales habrían favorecido al entonces fiscal, quien enfrentaba un requerimiento por el supuesto delito de violación en perjuicio de una joven que se encontraba detenida.
El caso se remonta al 25 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer presentó un requerimiento fiscal contra Luis Fernando Triminio, entonces fiscal auxiliar asignado al Centro Integrado (CEIN) de La Ceiba, por el presunto delito de violación agravada.
Según la investigación del Ministerio Público, el martes 19 de marzo de 2024, Triminio abusó sexualmente de una joven detenida en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La víctima, detenida la noche del 18 de marzo, relató que Triminio la llevó a su oficina con el pretexto de tomarle una declaración, y luego procedió a acosarla y abusar de ella.
El Ministerio Público alega que las juezas Trejo y Urrutia supuestamente influyeron en los procedimientos legales para favorecer a Triminio, lo que ha motivado la solicitud de antejuicio ante la Corte de Apelaciones de Atlántida para determinar su responsabilidad en el caso.
El tribunal de alzada deberá resolver en los próximos días si admite o no el antejuicio solicitado contra las funcionarias judiciales.
Fiscalía solicitó antejuicio contra juez de occidente
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia, también, presentó un antejuicio en contra del abogado Juan de Dios Mondragón Barahona, quien funge como Juez de Letras unificado de la sección judicial de San Bárbara.
El funcionario judicial es acusado por el supuesto delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración pública. De acuerdo al requerimiento fiscal, Mondragón Barahona emitió una resolución injusta para beneficiar a una compañía de capital privado.
No es la primera vez que la Fiscalía solicita un antejuicio contra Mondragón.
En 2016, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia promovió un antejuicio contra Mondragón Barahona, por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
De acuerdo a las investigaciones, el juzgador, contraviniendo la normativa penal vigente, dejó en libertad a un maestro de educación primaria acusado por el delito de violación especial en perjuicio de una niña de 12 años de edad, a quien embarazó.
Mondragón Barahona, de acuerdo al Ministerio Público “de manera arbitraria, sobreseyó definitivamente al imputado, aduciendo que el hecho de que el procesado contrajera matrimonio con la víctima, era causal suficiente para excarcelarlo, pese a que este permanecía recluido y las nupcias se celebraron 15 días antes de la audiencia preliminar”.
Acusación contra tres exmagistrados de la CSJ
Por el delito de prevaricato judicial, la Fiscalía acusó a tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno.
El Juzgado en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, admitió el requerimiento fiscal, en la causa instruida a los tres exmagistrados.
De acuerdo al Ministerio Público (MP), los exfuncionarios judiciales emitieron una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a dos instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de 159.8 millones de dólares.
“La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil, luego que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al pleno por no haber alcanzado una resolución unánime”, sostuvo el MP.
De acuerdo a los fiscales este proceder es considerado antijuridico, ya que cuando un expediente llega al pleno tras no haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede ser devuelto, dado que el pleno actúa como instancia definitiva.
Según las investigaciones, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba demostrando un interés particular en el caso.
“Consumado el propósito, el 22 de marzo de 2022 junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, materializaron la ilegalidad emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandada vulnerando la imparcialidad y confianza en el sistema judicial”, indicó la Fiscalía.
Hasta ahora, se desconoce si los exfuncionarios judiciales comparecerán voluntariamente ante la justicia.
Requerimiento fiscal contra juez Marco Vallecillo
Hace unas semanas, la Fiscalía obtuvo auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva el juez Marco Vallecillo, tras ser acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido.
Durante la audiencia inicial los fiscales presentaron 20 medios de pruebas, entre ellos el testimonio de dos testigos protegidos, vaciados telefónicos, pruebas documentales y periciales, además de fotografías de las actas de seguimiento y vigilancia que se le realizó al imputado previo a su aprehensión.
La investigación comenzó tras la denuncia de un testigo protegido, quien reveló un esquema de extorsión en el que los imputados lo presionaban con amenazas que la Unidad Fiscal de Especializada Contra las Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal.
Los imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso, usaron la figura del fiscal general para que el afectado les entregara la cantidad de tres millones de lempiras.
La defensa de Vallecillo interpuso un recurso de apelación contra el auto de formal procesamiento, argumentando que se violentó el debido proceso y el derecho a la defensa.
La Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán está analizando el recurso y es muy probable que emita un fallo a finales de esta semana.
