TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público presentó este lunes -9 de septiembre- un requerimiento fiscal contra los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno (2016-2023), acusados por el delito de prevaricato judicial.
Los tres imputados integraron la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el periodo anterior 2016-2023.
De acuerdo al requerimiento fiscal estos magistrados habrían emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de ciento cincuenta y nueve millones, ochocientos diez mil setenta y un dólares con treinta y nueve centavos (159,810,071.30).
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil, luego que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al Pleno por no haber alcanzado una resolución unánime.
Este proceder es considerado antijurídico, ya que cuando un expediente llega al Pleno, tras no haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede ser devuelto, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva.
Según las investigaciones, fue el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández quien influyó en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso.
Consumado el propósito, el 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, materializaron la ilegalidad al emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas, vulnerando la imparcialidad y confianza en el sistema judicial.
