TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Revocadas quedaron las medidas de libertad contra José Rodimiro Arita, exdirector de la cárcel de máxima seguridad del municipio de Morocelí, en el departamento de El Paraíso, conocida como “La Tolva”.
Esto luego que la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declarara “Con Lugar” el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, donde acusan a Arita de lavado de activos dentro del centro penitenciario.
A Arita se le acusa de los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los Funcionarios en perjuicio de la Seguridad Social y la Administración Pública.
Fue el pasado 20 de mayo del presente año que el Juzgado de Letras Penal decidió sustituir la prisión preventiva y dictarle a Arita las medidas cautelares distintas a la prisión.
Se está a la espera que el juzgado realice la audiencia con Arita para notificar el cambio de medida y quedar nuevamente bajo prisión.
Por esta decisión, los magistrados que conocieron el caso calificaron los delitos que se le imputan al extitular de “La Tolva” como de gravedad y consideraron que era “congruente” el cambio.
“No se puede desconocer que los delitos imputados son de gravedad, denominados de cuello blanco o de corrupción, como lo es el fraude, y otras imputaciones por violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de Documentos públicos; bajo esas consideraciones y en salvaguarde de la realización del proceso penal, resulta congruente en consideración de los presupuestos expuestos revocar las medidas cautelares sustitutivas e imponer la prisión preventiva”, dice el comunicado
Dinero era destinado para “cenas navideñas”
En diciembre de 2023, Arita fue detenido por encontrarlo en posesión de 445 mil lempiras que supuestamente iban dirigidos a reclusos de la Pandilla 18.
La fuerte suma de dinero fue ingresada por la abogada Diana Gisela Zelaya Banegas, quien sostenía una relación sentimental con uno de los privados de libertad.
Cuando el dinero fue decomisado, el defensor legal de Arita, Luis Romero, justificó que el dinero provenía de los familiares de los privados de libertad para organizar cenas navideñas al personal de la penitenciaría y para los reclusos.
Por este caso, al también militar se le vinculaba de estar supuestamente contribuyendo con maras y pandillas para introducir dinero en efectivo al centro penal.
