La próxima semana será clave para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pues se espera que emita su dictamen sobre las reformas a la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Según trascendió este sábado en el canal HCH, la Corte Suprema se pronunciará en torno a las modificaciones a esta normativa, luego que el Congreso Nacional enviara el paquete de reformas tras el veto presidencial.
Y es que la máxima autoridad legal en Honduras tiene un plazo de 90 días para pronunciarse sobre las reformas, pero será en esta semana en que defina si los artículos modificados son constitucionales o inconstitucionales.
De acuerdo con la información que ha salido a la luz este día, la decisión de los magistrados de la Corte ya estaría lista y plasmada en un informe que se estaría haciendo público entre miércoles y jueves de la siguiente semana.
La reformas a esta ley fueron aprobadas por mayoría simple en el Congreso Nacional, pero vetadas por el presidente Juan Orlando Hernández, por lo que tuvieron que retornar al Legislativo, desde donde se enviaron a la CSJ para que emita su dictamen. No obstante, la decisión de la Corte Suprema solamente es referencial para el Congreso Nacional, pues aunque se pronuncie en contra, con una mayoría calificada en el Hemiciclo Legislativo se estaría aprobando esta ley.
La polémica ley
Las enmiendas a 17 disposiciones contenidas en el artículo uno de este dictamen fueron probadas a mediados de marzo con más de 70 votos a favor, en los que se incluyeron los sufragios de los diputados de la bancada del Partido Nacional, organizaciones minoritarias y algunos legisladores del Partido Liberal a fines a Elvin Santos.
El diputado de la Alianza Patriótica Hondureña, Denis Castro Bobadilla, presentó un polémico artículo que estipula que “todo perjuicio generado al Estado de acciones derivadas a esta ley, la Procuraduría General de la República persiguirá los bienes y activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma”.
Lo anterior implica que el Estado se verá obligado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado, luego de la determinación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esta disposición también fue aprobada y se añadirá al dictamen por la comisión de estilo que fue nombrada.
Sobre la Maccih
Además de este tema, se espera que la Sala de lo Constitucional también dé a conocer en estos días si el convenio entre la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y el Gobierno de Honduras es constitucional o inconstitucional, tras haber aceptado el recurso impuesto por varios profesionales en marzo de 2018.
El pasado 20 de marzo la Sala admitió el recurso, pese a que Honduras solicitó en 2015 la creación de una misión internacional para investigar actos de corrupción, mismo que firmó junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) en febrero de 2016.
Los magistrados Lidia Álvarez, Jorge Zelaya, Reina Auxiliadora Hércules, Reinaldo Hernández y Adilio Cerrano votaron por unanimidad a favor de la admisión del polémico recurso que busca declarar inconstitucional la creación de la Misión.
