Tegucigalpa, Honduras
Las reformas y el veto presidencial a la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito fueron enviadas este viernes al Poder Judicial.
Desde el jueves anterior se está a la espera del envío del decreto 30-2018 y su respectivo veto presidencial a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional, confirmó el viernes a EL HERALDO que el decreto ya había sido remitido para que la Corte emita su opinión sobre la viabilidad de las enmiendas. Consultado sobre el particular, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, declaró que no podía dar muchos detalles.
No obstante, afirmó que el Poder Judicial está receptivo a que se contemple o materialicen los mecanismos que establece la Constitución y la ley del país para ofrecer una opinión.
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Proceso
Argueta explicó que cuando se ha producido un veto presidencial se establece que se debe escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo penal en el plazo de 90 días, dado por el mismo Congreso Nacional.
En ese sentido, la opinión se establecerá en el tiempo establecido, se comprometió, al tiempo de aclarar que la opinión solo es ilustrativa y no vinculante.
Como presidente de la Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal que la integran el Poder Judicial, el Ministerio Público (MP), el Congreso Nacional, las secretarías de Seguridad y Defensa, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y otras instituciones también harán las evaluaciones.
Argueta afirmó que entre todas estas instituciones harán un análisis la próxima semana para emitir sus recomendaciones.
