TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte Suprema de Justicia admitió en horas de la mañana del 24 de octubre dos nuevos recursos de inconstitucionalidad presentados ante la secretaría de la Sala de los Constitucional en contra de la Ley de Amnistía Política.
La jueza, Karla Romero, fue quien presentó los recursos con esperanza de que se declare inconstitucional la polémica Ley.
“El catálogo de delitos que fueron admitidos en la Ley de Amnistía son delitos que fueron perseguidos dentro del capítulo de corrupción y son parte del convenio internacional del cual somos rectificantes contra la lucha contra la corrupción”, explicó la abogada.
Además cuestionó “cómo es posible que haya una amnistía si estos delitos no pueden ser amnistiados, y otra serie de circunstancias de como fue aprobada esta ley”.
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Otros 14 recursos
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, reveló en las últimas horas que existen al menos 14 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Sala de lo Constitucional.
“Existen al menos 14 recursos de inconstitucionalidad que han sido interpuestos ante la secretaría de esta Sala. Pero vale aclarar que no son recursos exclusivamente en contra de la Junta Directiva del Congreso Nacional, sino recursos de inconstitucionalidad que tienen relación con el tema del Decreto de Amnistía”, dijo el portavoz.
De acuerdo a Duarte todos esos recursos fueron admitidos desde hace varios días atrás.
“Es necesario recordar que el tema de la admisibilidad solamente es una revisión formal de los requisitos que deben tener cada uno de estos recursos”, reiteró.
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La polémica Ley de Amnistía
El Ley de Amnistía fue aprobada por el poder Legislativo a inicios de febrero del 2022, con el objetivo de condenar el golpe de Estado del 2009 contra el expresidente José Manuel Zelaya. Además, eliminar los procesos judiciales contra presos políticos, defensores del territorio, medio ambiente y protestantes criminalizados durante los últimos 12 años (años en los que estuvo en el poder el Partido Nacional).
No obstante, la ley ha sido muy polémica y muchos sectores del país la califican como “pacto de impunidad” que solo beneficia a servidores públicos acusados de actos de corrupción. Esto se debe a que media docena de exfuncionario en el gobierno de “Mel” Zelaya fueron beneficiados con la amnistía.
Entre los delitos penales que incluye están: Abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
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