TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, acudió este jueves a la sede del Ministerio Público a presentar una denuncia por el supuesto desvío de más de 95 mil millones de lempiras de cuatro fideicomisos.
Ochoa se presentó a la Fiscalía pruebas del desvío de fondos en la Tasa de Seguridad, Instituto de la Propiedad, Vida Mejor e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Según lo denunciado por Ochoa, los fondos fueron ejecutados de forma irregular para hacer compras de equipos, pago de alquileres, cancelar tarjetas de crédito y hasta se adquirieron boletos para conciertos y bebidas alcohólicas.
“En relación con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, administrado por representantes del Cohep, Fonac y la Presidencia de la República, se ejecutó más de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la ley”, expuso Ochoa.
“Se encontraron 130 contratos sobrevalorados, sin licitación y ejecución de fuera de la naturaleza del fideicomiso, en los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4,000 patrullas, la compra de cámaras de seguridad y escáneres en los aeropuertos, boletos para conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo y además se pagó una tarjeta de crédito a nombre del director del fideicomiso”, apuntó.
En el caso de Sitec del Instituto de la Propiedad (IP) lo calificó como “el principal símbolo de corrupción público-privada creada por el régimen” y es que denunció que los fondos fueron utilizados como una hacienda particular, violando la Constitución, ley orgánica del presupuesto y ley de contratación del Estado.
Asimismo, indicó que se dilapidaron, entre 2015 y 2022, al rededor de 19 mil millones de lempiras. “En este fideicomiso, entre otros proyectos, se creó la unidad especializada ejecutará de proyectos del IP que promovió la construcción de casas chatarras en el ya conocido corrupto proyecto Morazán, como las casas contenedores en Lomas del Diamante en un terreno en disputa”.
Sobre el fideicomiso de Vida Mejor, constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras (BCH), ejecutó entre 2014 y 2022 más de 38 mil 500 millones de lempiras.
Ochoa mencionó que la mayoría de estos fondos fueron transferidos a más de 500 ONG, la mayoría de sospechoso origen y manejo. Señaló que la mayoría están vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post golpe de Estado.
¿Cuál era el fin de estos fideicomiso?
El fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue creado con el fin de fortalecer a los operadores de justicia en la lucha contra la violencia y el crimen organizado en 2013. Dicha recaudación está llena de indicios de corrupción desde la resolución 01-2013, cuando el CNDS ordenó al Comité Técnico del Fideicomiso cancelar por cuenta de la Secretaría de Defensa a la empresa Nicetrak Api Package la cantidad de 57,880,182 lempiras, y a la empresa Micei Technologies 101,058,392 lempiras por cuenta de la Secretaría de Seguridad.
Según los registros del BCH, entre 2012 y 2021 (diez años) el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional presentó una disponibilidad financiera de 32 mil millones de lempiras y se ejecutaron pagos por una suma de 30,263 millones de lempiras a proveedores nacionales y extranjeros, cancelación de cuotas por líneas de crédito, traslados a instituciones fideicomisarias y al Instituto Nacional Penitenciario.
La Tasa de Seguridad, por su parte, establece que en este mismo período solo se recaudaron nada más 21,184.7 millones de lempiras y se desembolsaron a las instituciones beneficiarias 21,053.3 millones de lempiras. De acuerdo con Juan Ramón Molina, excoordinador del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, las cifras no coinciden porque “la recaudación es una cosa, puede que se estén tomando como ingresos lo que se adoptó como préstamos en su momento”.
En cuanto al fideicomiso del Instituto de la Propiedad (IP), este estaba destinado para la “operación, funcionamiento, financiamiento y administración del registro de la propiedad vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas”.
En el programa Vida Mejor impulsado durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), el fideicomiso tenía la finalidad de apoyar la reactivación agrícola, generación de empleos y subsidios para viviendas, entre otros.
En Invest-H era el administrador del Fideicomiso de Infraestructura Vial por 5,000 millones de lempiras, del cual se sacó el dinero para comprar los siete hospitales móviles e insumos médicos durante la pandemia del covid. Los fondos en un inicio tenían la finalidad de ser utilizados para la reparación, rehabilitación o reconstrucción de las carreteras del territorio.
