TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por falsificación de documentos públicos, falso testimonio, violación de documentos y violación de los deberes de los funcionarios, ante el Ministerio Público se denunció a una perito y dos fiscales, en caso de la extinta Berta Cáceres.
Los abogados Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez volvieron a denunciar a la perito Brenda Barahona y a los fiscales Ingrid Belinda Figueroa y Javier Eduardo Núñez.
La denuncia fue interpuesta en primera instancia en el 2019, pero este lunes 8 de abril de 2024, los abogados defensores de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), condenados por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, utilizaron el recurso de ampliación de la denuncia confiando en que las nuevas autoridades del MP responderán a esta solicitud.
De acuerdo a la defensa, con lo anterior, se lesionó el debido proceso de defensa de Roberto David Castillo, miembro de la empresa DESA y condenado por el asesinato de la ambientalista. Así como este caso, los togados presumieron que hay más afectados por el mismo crimen.
“Esta perito no pertenecía al Ministerio Público, pertenecía a una agenda de investigación que era dirigida en aquel entonces por el presidente de la república y otros (...)”, dijo el abogado.
“Nos encontramos frente a una situación alarmante donde la objetividad y veracidad del proceso se ven comprometidas. No se trata sólo de una falta a la ética profesional sino de una violación grave a los derechos de nuestros representados y al principio de justicia”, afirmó Sánchez.
La defensa dijo que ha presentado evidencia, respaldada por peritos independientes de México y Estados Unidos, que establecerían la manipulación de las pruebas. “A pesar de estas graves acusaciones, las autoridades del Ministerio Público anterior no iniciaron las diligencias necesarias para investigar estos hechos, dejando las denuncias en un aparente olvido”, insistió Sánchez.
Con la llegada de nuevas autoridades al Ministerio Público, la defensa ve una oportunidad para que se revisen y reasignen los expedientes relacionados con estas denuncias.
“Esperamos que con esta nueva gestión se corrijan las irregularidades y se garantice un proceso justo y transparente, no sólo para nuestros representados sino para todos los hondureños que podrían verse afectados por prácticas judiciales cuestionables”, expresó Sánchez.
Además de las acciones legales contra Barahona, la defensa pidió una revisión completa del juicio, argumentando que desde su inicio ha estado viciado por la manipulación de evidencia y por decisiones forzadas sobre los jueces, lo cual, según ellos, invalida todo el proceso.
¿Qué sigue en el Ministerio Público?
EL HERALDO, tras el acto formal de la denuncia, consultó al Ministerio Público qué prosigue en esta situación.
“Si los abogados vinieron a solicitar ampliación quiere decir que ellos tienen nuevos elementos en la investigación. En ese caso se presenta la ampliación con la información respectiva que los abogados defensores traen y el fiscal decide si se acepta o no, si esta fuera de lugar o no”, explicó Yuri Mora, portavoz del MP.
“Ahora se tiene que analizar para determinar si procede o no”, reiteró.
El abogado defensor, en tanto, consideró que este caso “es una prueba de fuego para el nuevo fiscal general (Johel Zelaya). Él ha dicho que no va a permitir este tipo de injusticias”, recordó.
Por su parte, la abogada Ritza Antúnez, explicó que lo “primero que se debe de hacer es denunciar a las personas señaladas para dar un ejemplo de que no se pueden falsificar pruebas”.
EL HERALDO confirmó que la denuncia se realizó el 2019 y la ampliación en este 2024. Los documentos evidencian que en efecto el 5 de abril de 2019 el MP recibió la denuncia.
La coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada la madrugada del jueves 3 de marzo de 2016, caso por la que los dos abogados presentaron una nueva denuncia de revisión de juicio.
