TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de un comunicado publicado en su página web, el Ministerio Público (MP) informó que se decretó arresto domiciliario contra el comisionado de Policía Lorgio Oquelí Mejía, quien estaba prófugo de la justicia desde hace casi 5 años por presunto lavado de activos y que este jueves se entregó a las autoridades.
El MP señaló que el jefe policial se presentó este jueves con sus apoderados legales ante un juzgado en Tegucigalpa, donde se celebró la audiencia de declaración de imputado.
En dicha comparecencia, el juez con jurisdicción nacional dictó el “arresto domiciliario” de Mejía y aceptó una “caución hipotecaria de una vivienda valorada en 5 millones de lempiras (203.376 dólares)”, además fijó la audiencia inicial para el próximo 8 de agosto.
Cabe destacar que el pasado 8 de junio, el Ministerio Público obtuvo un fallo de extinción definitiva del dominio sobre dos viviendas, dos vehículos y 13 cuentas bancarias de Mejía Tinoco y su esposa Wendy María Castro.
Según las investigaciones realizadas desde el año 2018 contra el comisionado de Policía, no se justificó más de 17 millones de lempiras en su patrimonio y el de su núcleo familiar, en el periodo comprendido entre 2012 y 2017.
Por lo que se procedió a acusarlo por el delito de lavado de activos y en febrero de 2020 se buscó la acción promovida para obtener la declaratoria de decomiso de sus bienes.
En el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial figuran seis policías activos y tres que fueron cesados, todos acusados por asociación ilícita y cohecho, delitos por los que también es acusado un comisario depurado.
Además, su ex esposa Denisse Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y se le decomisaron siete cuentas bancarias.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por las autoridades competentes, se establece que entre los años 2012 – 2015 miembros de la policía asignados en Choluteca “solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos”.
“Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo a la investigación los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH)”.
