TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado Mauricio Rivera se presentó este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para comparecer en su primera audiencia de declaración de imputado tras la denuncia en su contra interpuesta por la titular de Ciudad Mujer.
El parlamentario del Partido Libertad y Refundación (Libre) llegó acompañado de sus abogados y se limitó a agradecer a la prensa por su presencia, pero no se refirió al tema por el que se le acusa.
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La audiencia se llevará a cabo después de haberse pospuesto varias veces, pero los hechos ocurrieron el 4 de mayo del presente año, cuando el congresista, acompañado de sus simpatizantes y a la vez miembros del partido Libre, apedrearon el edificio de Ciudad Mujer, quemaron llantas y profirieron insultos contra las autoridades de la entidad en un reclamo violento por una plaza laboral.
LOS HECHOS
La vergonzosa acción ocurrió durante una protesta frente a la institución debido a que el parlamentario exigía el nombramiento de Ondina Marcela Mendoza como coordinadora administrativa del Centro Ciudad Mujer de Choluteca, sin embargo, esta persona no cumplía con los requisitos para ostentar el cargo.
Ella “no reúne ninguno de los requisitos exigidos para el puesto... No cuenta con título universitario y su experiencia laboral ha sido en una institución bancaria como oficial de servicio al cliente y, cajera y en un restaurante”. Además, “no tiene experiencia alguna en temas de género”, aseveró Tatiana Lara, presidenta de Ciudad Mujer en un escrito tras los acontecimientos.
VIDEO
El ataque del parlamentario quedó captado en videos y fotografías, en las imágenes se observa al “padre de la Patria” tomar un objeto del suelo (piedra) y lanzarlo con fuerza contra el recinto.
De esa manera logró romper los vidrios de las ventanas, atentando contra un bien público y poniendo en riesgo la integridad física de los empleados de la institución que se encontraban laborando en su interior.
LOS CARGOS
El funcionario del Legislativo es acusado de tráfico de influencias, usurpación, tratos crueles y degradantes contra funcionarios públicos y daños y perjuicios a un bien inmueble estatal.
El Código Penal vigente señala una pena de entre uno y cuatro años de prisión más una multa por el delito de violencia contra la mujer.
Por el delito de tráfico de influencias impone un castigo de dos a cinco años, y por el delito de esta normativa impone un castigo de uno a dos años de reclusión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena.
Además por el delito de coacciones establece una pena de prisión uno a tres años o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de 180 a 360 días.
Esta normativa castiga a quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, debe ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 180 a 720 días si la cuantía del daño excede de cinco mil lempiras.
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