El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh) entregó a la Comisión de Ética del Congreso Nacional un informe donde deja en duda la transparencia del Fondo Social de Planificación Departamental que anualmente entrega la presidencia del Congreso a los diputados.
En el informe se dice que la población desconoce la existencia del Fondo, así como el lugar donde se ejecutan los proyectos, cuál es el presupuesto asignado y sobre todo el ente responsable de la ejecución.
El Tribunal Superior de Cuentas, que se supone es el ente encargado de velar por el buen manejo de los dineros del Estado, no controla el Fondo Social de Planificación mediante el cual los diputados propietarios tienen acceso a un millón de lempiras anuales y 400 mil para los suplentes.
Con este dinero, los diputados elaboran proyectos y los ejecutan en las comunidades, pero cuando Ciprodeh llegó a las comunidades a investigar se enteró que algunos proyectos no existen ni los patronatos a los que se hace referencia, dijo Wilfredo Méndez, director del organismo de derechos humanos.
“Es importante que el Congreso de una vez por todas, ese reglamento antidemocrático que tiene, ya le dé trámite a una Ley Orgánica del Poder Legislativo”, dijo Méndez.
El informe de Ciprodeh fue recibido por la diputada liberal Perla Simons y el udeísta Sergio Castellanos.
También estuvo el exdiputado y exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Edmundo Orellana, quien calificó el Fondo Social Departamental “como un nido de corrupción”.
Además de los recursos que reciben del Fondo Social Departamental, los “padres de la Patria” reciben subsidios anuales que les sirven para hacer campaña.
